Martín Villa explicó, en declaracions a los periodistas en el Congreso de los Diputados, que el decreto que creó la figura del comisionado estableció que "desaparecería cuando desaparecieran las circunstancias que originaron su creación, y yo creo que las circunstancias no son, ni muchísimo menos, las del mes de enero".

Aunque "quedan cosas realmente importantes, tienen más una dimensión administrativa que política", por lo que "tener una persona como yo, y darle el rango de secretario de Estado, ya en estos momentos podría ser una situción de matar pulgas a cañonazos".

Según su criterio, "no debe quedar mucho tiempo para la figura del comisionado, pero la decisión es del Gobierno", añadió Martín Villa, quien ya ha mantenido una primera reunión con el vicesidente del Gobierno y ministro de la Presidencia, del que depende este comisionado.

"La situación es muchísimo mejor", recalcó, "si no queremos que se nos acuse de triunfalistas, muchísimo menos mala de la que había en el mes de noviembre, cuando aterricé en esta responsabiliad, tanto en lo que se refiere a la situación del mar, como de las playas, como la normalización de las actividades económicas, particularmente la pesca".

Martín Villa agregó que "están orientadas suficientemente bien las acciones jurídicas, tanto dentro de España como fuera de España en relación con los claramente responsables de la catástrofe: el armador, el propietario del barco, el de la carga y la empresa que certificó el buen estado del barco, cuando era calamitoso".

COSTE DE LA CATASTROFE

Asimismo, indicó que "la catástrofe nos va a costar del orden de 600 o 650 millones de euros, de los cuales vamos a poder obtener de fuera, bien por el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC), bien por la UE, un saldo de unos 300 millones", con lo que quedará una parte que se pretende lograr como resultado de los litigios con los responsables.

Agregó que en agosto se ha reglamentado que los afectados, tanto públicos, ayuntamientos y comunidades atónomas, como los privados, el sector pesquero y puede que el turístico, pueda cobrar "pronto y ahora".

Informó de que el mes de octubre habrá otra reunión del Comité Ejecutivo del FIDAC, que "aumentará las posibilidades que tenemos", y defendió propuestas para reformar la legislación sobre el régimen marítimo, porque "hay una situación en exceso permisiva".

Apuntó que el sector eléctrico va a financiar un estudio que será desarrollado por las tres universidades gallegas, la de Santiago, la de Couña y la de Vigo, para elaborar un documento que aporte a los Gobiernos y las autoridades el intento de resolver esta situación.

Por último, dijo que a finales de este mes se realizarán las pruebas de extracción del fuel por lanzadera y, de resultar bien, se acometería en primavera, porque durante el invierno "podríamos tener graves problemas al sacar las bolsas".