Gnzález señaló que si se encontrara en el lugar de los afectados se preocuparía sobre todo de la rapidez en el pago de las indemnizaciones.

"Todos los perjuicios están cubiertos por dos convenios de 1992", afirmó, que gracias a un fondo denominado FIDAC y a la aseguradora del armador pueden disponer de un máximo de 190 millones de euros para un siniestro.

El inconveniente de este sistema de liquidación automática es que sólo paga los daños reales, no el lucro cesante, pero no excluye la responsabiidad ilimitada del armador si se prueba la culpa grave, en cuyo caso habría que ir al proceso penal.

Es decir, se pagan los gastos de limpieza, las jornadas de trabajo perdidas y demás daños objetivos. El Gobierno español ha solicitado un total de 60 millones de euros como compensación por el vertido del petrolero, cifra que en opinión de González es suficiente para sufragar gran parte de los daños.

Si, por el contrario, comunidades, ayuntamientos o cofradías se embarcan en exigir responsabilidads penales, el experto de Garrigues teme que surjan problemas y dilaciones procesales, que además obstaculizarían la percepción de indemnizaciones por la vía administrativa.