En una rueda de prensa en la sede de IU, Llamazares recalcó que, a punto de cumplirse un año desde el hundimiento del petrolero, la gestión del Gobierno ha hecho que se convierta no sólo en una catástrofe ecológica, sino en una "burla a la democracia", porque ni se han asumido responsabilidades polítcas ni se permite la investigación parlamentaria.

Denunció que las medidas paliativas puestas en marcha tienen carácter de "maquillaje y cosmético", a fin de "acallar las críticas" pero sin llegar al fondo de un problema que tendrá consecuencias ecológicas, económicas y sociales durante una década, mientras trata de "amordazar a los afectados" con indemnizaciones siempre que renuncien a reclamaciones futuras.

Advirtió de que los "aspectos esenciales no han sido abordados por el Gobierno", por lo ue si sucede algo similar en el futuro, las consecuencias serían igualmente graves, a lo que sumó que ni siquiera se ha acabado con el fuel que aún está en el mar y en el pecio, al no cumplir con las recomendaciones de los técnicos.

Por todo ello, anunció que IU participará en todas las movilizaciones previstas, impulsará la investigación en el Parlamento Europeo, pese a las "presiones" de la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, para "frenarla", dijo, y se mantendrá activo como acusación en lo tribunales.

RESPONSABILIDAD PENAL

Sobre este asunto se pronunció el abogado de la coalición que lleva el caso en el juzgado de Corcubión, Alfonso Suárez, quien recalcó que existe una "responsabilidad penal bastante evidente de las autoridades marítimas españolas", por la decisión "aberrante" de alejar el buque, que podría constituir un delito ecológico y contra los espacios naturales.

Indicó que ya está imputado el director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, que ya ha declarao ante el juzgado ser artífice de esta decisión, pero advirtió de que en función de las pruebas que se reciban pueden dirimirse otras responsabilidades.

Comparecieron también en esta rueda de prensa los representantes de la coalición en las comunidades afectadas, quienes denunciaron que no llegan todas las ayudas para paliar los daños que se han producido en Asturias, País Vasco, Cantabria y Galicia.

NO LLEGA EL DINERO

En nombre de IU de Cantabria, Luis Portillo denunció que, mientras el anterir Gobierno cántabro, del PP, recibió 30 millones de euros, los 66 millones que se están reclamando ahora "no llegan", porque el Ejecutivo formado por PRC y PSOE "no es de su simpatía".

Jesús Iglesias, de Asturias, recordó que en el Principado están afectadas más del 58 por ciento de las playas, lo que ha provocado un descenso importante del turismo y de las capturas de los pescadores, en más de un 30 por ciento. Mientras, se reducen las brigadas de limpieza hasta hacerlas "casi desaparecer" y se da un "compensación absolutamente insuficiente".

Por su parte, el representante de IU-EB, José Manuel Fernández, indicó que el País Vasco es "doblemente víctima" de esta catástrofe, pues además de la "desastrosa gestión" del Gobierno, éste "retiene" los 50 millones de euros para la limpieza de las playas, como una de las partidas que emplea el PP como "rehenes" en su "contencioso" con el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe.