La organización informó hoy, en una nota de prensa, que la directiva de residuos contiene una serie de requerimientos legales aplicables en el caso de la operación de salvamento del buque "Prestige", "que fueron incuplidos por el Gobierno español".

Según esa directiva, el fuel que transportaba el "Prestige" es considerado residuo desde el momento en que se empieza a producir un vertido al mar y, por lo tanto, tal como exige esta legislación comunitaria, el Estado miembro responsable debía asegurar que se gestionaba "sin poner en riesgo la salud del hombre y sin perjudicar al medio ambiente". En este caso, el Estado miembro responsable era España.

Greenpeace recuerda que el 13 de noviembre de 2002, el buque "restige" se encontraba cerca de la costa de Galicia. En consecuencia, dado que el vertido de residuos estaba teniendo lugar en aguas de jurisdicción española, es evidente que España estaba obligada a asegurar que los residuos de combustible que se estaban derramando desde el "Prestige" fueran gestionados de una forma segura y adecuada, en concordancia con la citada directiva.

A juicio de los ecologistas, "el Gobierno español no tomó las medidas adecuadas para evitar el vertido de fuel al mar, al ordenr el alejamiento del buque de las costas españolas y al rehusar dar amparo al "Prestige", aun conociendo las adversas condiciones climatológicas, condiciones totalmente inadecuadas para llevar a cabo las labores de salvamento.

"De esta forma", añaden, "el Gobierno español impidió que el fuel se gestionase según los requerimientos legales marcados en la directiva de residuos".

"El comportamiento del Gobierno español ha desencadenado una catástrofe social y medioambiental sin precedentes. Además, ls decisiones que se tomaron no respetaron la legislación comunitaria y por eso ahora tiene que responder ante la Comisión Europea", declaró Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España.