PSOE, IU y BNG pidieron la tramitación del decreto como proyecto de ley, con el fin de poder enmendarlo, pero el PP rechazó esa posibilidad.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, quien defendió el decreto, destacó que las medidas se aprobaron sólo nueve días después de suceder la catástrofe y que tratan de abordar la situación desde los ámbitos económico, fiscal, laboral e institucional.

El vicepresidente primero recordó que armadores, tripulantes y mariscadores podrán contar con unas ayudas mensuales de 1.200 euros (sumadas las del Gobierno central y las de la Xunta de Galicia). Se establecen por un peiodo inicial de seis meses, pero podría ser prorrogado.

Además, se reduce el Impuesto de Actividades Económicas para los sectores relacionados con la pesca y se reducen los módulos del IRPF y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Se establecen también dos líneas preferenciales de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial, por importe de 100 millones de euros cada una.

Los trabajadores cuyo contrato se vea suspendido podrán acceder a la prestación contributiva aunque no hayan cotizadolo suficiente. En caso de despido, la indemnización que debería pagar el empresario será abonada por el Fondo de Garantía Salarial.

Los trabajadores por cuenta propia estarán exonerados del pago del 100% de las cuotas a la Seguridad Social mientras esté prohibida la pesca o el marisqueo en la zona afectada por el vertido.

"INSUFICIENTE"

La diputada del PSOE Carmen Marón pidió más medidas de prevención, la potenciación de la sociedad de Salvamento Marítimo, remolcadores especializados y "más infrmación" ante el "silencio" mostrado por las autoridades del Gobierno central y de la Xunta de Galicia, que "han dado la espalda al problema".

El real decreto, reconoció la diputada socialista, "ha llegado pronto, pero es totalmente insuficiente", por lo que debería ser tramitado como proyecto de ley y completado con nuevos decretos.

"Sería bueno que dejaran las intrigas sucesorias para otros momentos y ejerzan con la importante tarea de gobernar y de dar soluciones a los problemas de los ciudadaos, siendo ágiles y generosos en la tramitación de este decreto ley para que nada ni nadie quede excluido", añadió Marón.

Desde el Partido Popular, la diputada María Jesús Sainz acusó a su compañera del PSOE de "mentir", ya que en el caso del "Prestige" ha habido una "reacción inmediata y una coordinación del Gobierno muy clara, por primera vez".

Tras ello, recordó a los socialistas que "ustedes tienen historia", y criticó "la pasividad, el desorden y el desinterés" mostrado por los gobiernos delPSOE en casos parecidos al del "Prestige", como el del "Mar Egeo".

MAS QUE LA PESCA

El diputado del BNG Francisco Rodríguez explicó que los efectos van mucho más allá del propio sector de la pesca, influyendo también al comercio, la hostelería o el turismo, lo que hará caer la producción de toda la región.

Rodríguez afirmó que hay lagunas en la cobertura para determinados sectores no directamente relacionados con la pesca y el marisqueo y pidió una moratoria en los créditos personales y la suprsión del Impuesto de Sociedades.

El diputado del BNG pidió que la exoneración de cotizaciones sociales se extienda a los propietarios de comercios, a la hostelería y a las actividades de manipulación de productos pesqueros, que también se ven afectados por la catástrofe.

Por Izquierda Unida, José Luis Centella calificó de "floja" la propuesta del Ejecutivo y dijo que las ayudas "son escasas", al tiempo que criticó que "se deje todo" al desarrollo reglamentario del decreto, que es una norma "parcil" que no contempla soluciones para sectores como la industria o el turismo.

El diputado de Coalición Canaria Luis Mardones expresó su voto de apoyo al decreto aprobado por el Gobierno por un "principio de solidaridad" con otras regiones y por la coincidencia con todas las motivaciones que llevaron al Ejecutivo a aprobar las ayudas.