La directiva propuesta establece que la contaminación marina procedente de buques constituye un delito penal, por el que se impondrán sanciones penales a toda persona relacionada con el buque.

Así, se podrían castigar al capitán, al armador y al fletador de un buque, así como a las sociedades de clasificación, declarados autores de un hecho de contaminación ilegal o participantes en e mismo, ya sea deliberadamente o por negligencia grave.

Según recoge la citada revista del Colegio de Abogados de Madrid, en los casos más graves las sanciones podrán incluir penas de cárcel.