"Las acciones legales", explicó, "se dirigen, de una parte, a exigir responsabilidades penales al armador del buque y al capitán del mismo, y por otra, acciones de responsabilidad patrimonial, que implican al armador y al fletador".

El ministro de Justicia aseguró que la catástrofe tiene "autores, nombres y apellidos", que tendrán que responder con todas sus consecuencias ante la Justicia española por la vía penal y or la vía de la responsabilidad civil.

Respecto a las ayudas que están recibiendo desde ayer los afectados, Michavila dijo que "nunca en nuestro Estado se había hecho un anticipo de pago de la responsabilidad patrimonial ni tan eficaz ni tan cuantioso. Luego será el Estado quien persiga, en nombre de los perjudicados y del Estado, a quienes tienen que pagar esos daños".

Por otro lado, anunció que el Gobierno español y el francés han acordado mantener una posición común ante la UE para impulsar, cn carácter inmediato, tres iniciativas destinadas a tipificar como delito ecológico las negligencias que provocan vertidos como el del "Prestige". Además, exigirán más contundencia a la hora de exigir reponsabilidades patrimoniales a fletadores y armadores.

"Queremos impulsar en la UE mecanismos de cooperación, de fiscales y jueces, que agilicen las medidas preventivas frente a quienes generan situaciones de riesgo, y la persecución en su caso", concluyó.