Concretamente, los internos españoles exigen el cumplimiento del convenio sobre ejecución de sentencias penale de 1995. Además, estos reclusos solicitan una visita del cónsul o del embajador español en Venezuela.

Según la Fundación Ramón Rubial, "mientras los reclusos holandeses son trasladados a sus países en grupos de 5 o 6 y los canadienses no superan los seis meses de estancia en Venezuela, la mayoría de los españoles tardan entre 3 y 5 años en volver a España a cumplir la condena".

Por ello, esta institución exige al Ministerio de Asuntos Exteriores que adopte "de una vez" las iniciativas necesariaspara lograr que estos ciudadanos españoles puedan ejecutar su derecho a ser trasladados a España.

Además, la Fundación Ramón Rubial recuerda que el diputado socialista Jordi Pedret ha formulado varias preguntas al Gobierno sobre las gestiones que ha realizado ante el Ejecutivo venezolano sobre el cumplimiento de ese convenio y el traslado de los presos españoles en Venezuela a nuestro país.