Concretamente, los internos españoles exigen el cumplimiento del convenio sobre ejecución de sentencias penales de 1995. Además, estos reclusos solicitan una visita del cónsul o del embajador español en Venezuela.

Según la Fundación Ramón Rubial, "mientras los reclusos holandess son trasladados a su país en grupos de 5 o 6 y los canadienses no superan los seis meses de estancia en Venezuela, la mayoría de los españoles tardan entre 3 y 5 años en volver a España a cumplir la condena".

La fundación exige al Ministerio de Asuntos Exteriores que adopte "de una vez" las iniciativas necesarias para lograr que estos ciudadanos españoles puedan beneficiarse de su derecho a ser trasladados a España.