Respaldan explícitamente las Juntas de Jueces convocadas para el 21 de octubre y salen así al paso de lo que consideran "trato injusto y crítica desproporcionada" de algunos responsables políticos, a los que no mencionan, por el "caso Mariluz".

Dicen que esos dirigentes políticos "son perfectamente conocedores de las carencias con las que se desarrolla el trabajo de muchos órganos judiciales, obligados a un sobreesfuerzo personal evidente".

Concluyen por ello que algunas declaraciones "exceden de lo que es una crítica razonable, anticipando responsabilidades profesionales que corresponde decidir de forma exclusiva al CGPJ, enturbiando las reglas democráticas y la correcta separación entre los distintos poderes del Estado".

Confían en que el CGPJ tome sus decisiones "de forma libre e independiente, para que el régimen disciplinario no sea cauce de simple escarmiento ni de instrumento demagógico".

Los presidentes de audiencias provinciales aseguran que los jueces son también "víctimas del sistema" por las carencias, la sobrecarga de trabajo, la falta de modernización y la "defectuosa" gestión pública, por lo que "no pueden ser utilizados para encubrir las deficiencias de una organización con dificultades para ofrecer una tutela judicial efectiva".

Reiteran su compromiso para colaborar en la mejora de la Administración de Justicia y se comprometen a convocar reuniones de magistrados de las audiencias para ratificar entre todos ellos estos pronunciamientos.