Collado aseguró que desconoce la existencia del escrito en el que 22 diputados muestran su malestar po la gestión del Gobierno regional.

La retirada del apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a Collado, mediante un escrito firmado por 22 de los 24 diputados de su grupo el pasado viernes, coincide con el estudio que efectúa una Comisión parlamentaria sobre la Cuenta General de la Comunidad autónoma de 1989, en la que el Tribunal de Cuentas detectó anomalías contables en la compra por la Administración regional de los terrenos cedidos a la multinacional General Eléctrica para la construcción de un comlejo químico.

El asesor jurídico de Izquierda Unida, Joaquín Dólera, explicó hoy a Servimedia que "el asunto Casagrande" se inició cuando el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad autónoma se comprometieron a adquirir los terrenos para la ubicación de la factoría, exactamente los terrenos denominados Los Camachos, con cuyos propietarios se llegó a un preacuerdo el 9 de mayo de 1989.

Dólera añadió que por aquellas fechas el secretario general de la Consejería de Política Territorial, Miguel Cabalero, se carteaba con Alfredo Velasco, del grupo Ferrovial, que ofreció otros terrenos ubicados en el paraje denominado Las Victorias.

Previamente, en enero de 1989, la mercantil Agrovial, del grupo Ferrovial, había arrendado a otra mercantil, Casagrande, S.A., las fincas del paraje de Las Victorias.

El 28 de junio de 1989 la Cámara regional aprobó la Ley 3/1989 de crédito extraordinario para hacer frente a la adquisición de los terrenos Los Camachos.

Dólera señaló que la sorpresa de la regin murciana sucedió en el mes de septiembre del citado año, cuando se conoció que los terrenos que la Comunidad había adquirido eran los del paraje de Las Victorias y no los de Los Camachos, mediante la compra de la mercantil Agrovial por 2.034 millones de pesetas, cuando en realidad costaba 500 millones de pesetas, para luego ejercitar la Comunidad la opción de compra sobre los terrenos arrendados previamente por Agrovial a Casagrande y comprarlos por 800 millones de pesetas.

Dólera añadió que, tal y omo informó el Tribunal de Cuentas, la Ley de crédito extraordinario era para comprar terrenos y no acciones sociales.

El 28 de marzo de 1984 el lorquino Carlos Collado Mena fue elegido presidente de la Comunidad de Murcia por la Asamblea regional. Collado esta considerado del sector renovador del partido.

Desde 1984 hasta la fecha se ha producido diferentes escándalos relacionados con Collado, como la dimisión de José Fuentes Zorita, ex consejero de Política Territorial y Obras Públicas por desauerdos con el presidente regional en la política de Obras Públicas; o la de Rafael María Egea, ex consejero de Administración Pública e Interior por un escándalo que se produjo en un tribunal de oposición en el que se detectó tráfico de influencias a favor de familiares de altos cargos del Gobierno murciano.

Asimismo, otro asunto turbio fue la retirada del cargo de funcionario a un cuñado del presidente Collado, al comprobarse que había sustraído fondos de la Consejería de Cultura, en la que trabajaba para sufragar los gastos que le ocasionaba su adicción a las drogas.

El último escándalo importante se produjo el pasado año, con la dimisión del consejero de Economía, Francisco Artés, tras unas declaraciones de Collado a un periódico regional en las que afirmó que Artés estaba al tanto de la "operación Casagrande", por la que hoy esta constituída una comisión de investigación.