Felipe González ha utilizado la potestad que le otorga el artículo 115 de la Constitución, que en su apartado 1 dice textualmente: "El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha d las elecciones".