Un grupo de empresarios jienenses, propietarios de la empresa, acusan a seis responsables de la Administración provincial de los delitos de estafa y falsedad en documento público, en relación con el derecho de superficie adquirido, en subasta pública realizada en 1988, para la construcción de un gran área de servicio en la N-IV, en el término municipa de Santa Elena.

Para López Carvajal, con la lectura de la querella, cuyo texto entregó a los medios de comunicación, es fácil comprender que es una simple maniobra de alguien que actúa "de mala fe cuando pretende observar una intencionalidad política en la actuación de la Administración en este asunto".

El presidente de la diputación insistió que él es un "miembro atípico" del consejo de administración de Area de Servicios de Despeñaperros, órgano contra el que se dirige la acción judicial.

Según López Carvajal, "hay una grave tergiversación de los hechos jurídicos que se están estudiando", obra de alguien que "busca más el escándalo en este asunto, al estar en el consejo hombres de dimensión pública, como yo y mis compañeros".

El máximo responsable de la diputación explicó que la empresa pública de la que es miembro dispone de licencias oportunas para la instalación del áera de servicio en los terrenos reclamados por Puerta de Andalucía.

En su opinión, este proyecto es muy importane para toda la provincia, por lo que urgió a todos para que la obra esté acabada "cuanto antes".