En él, el autor desarrolla la querella interpuesta por la acusación particular contra el magistrado presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial murciana, José Antonio Pascual Martínez, y el abogado de narcotraficantes, Francisco Valdés Albistur, que fue desestimnada en el antejuicio celebrado en junio de 1991.

Asimismo, narra que el origen de aquellas sentencias s remonta al 4 de enero de 1990, cuando el fiscal antidroga de Murcia solicitó del juez de instrucción número 3, Francisco Carrillo Vinader, autorización para intervenir el teléfono particular del citado abogado, especializado en defender a grandes traficantes de drogas, hasta que aparece el magistrado Pascual Martínez, entre otros interlocutores.

El 4 de enero de aquel año, el diario La Opinión de Murcia denunció la aplicación de penas que calificó de "bondadosas", y un día después, el mismo periódicopulsaba las opiniones de diversos juristas que tacharon las sentencias con el mismo calificativo.

El 6 de enero, La Opinión publicó unas declaraciones del fiscal general del Estado, que veía "demasiadas casualidades" en las sentencias.

El periodista Chema Gil, destinado por el citado diario murcianao para desarrollar la investigación del hecho, está amenazado de muerte desde el inicio de la publicación de sus artículos.

El caso de aquellas decisiones judiciales provocó una fuerte reacción po parte de numerosos colectivos sociales y, en particular, de la asociación Madres Unidas contra la Droga, que se trasladaron en autobús, en dos ocasiones, desde Madrid a Murcia.

En la campaña de protestas participaron también IU, CDS, Arco Iris, CCOO, UGT, Comité de Solidaridad Oscar Romero, OAC, la Comisión de Derecho Penal del grupo de Abogados Jóvenes de Madrid y la Coordinadora de Barrios de esta capital, que pidieron el nombramiento de un fiscal especial pare el caso.

El libro, de 125 página, editado por Kaydea Ediciones, transcribe algunas de las conversaciones supuestamente mantenidas entre el mencionado letrado y el magistrado, que dan cuenta de la relación de ambos al márgen de las cuestiones de tipo profesional.

El autor, que efectuó una tirada inicial de tres mil ejemplares al precio de mil pesetas, comentó a Servimedia que los motivos por los que ha escrito el libro, son ofrecer a la opinión pública un relato "pormenorizado de la verdad de un caso humillante y vergonzoso de la Jusicia española. Que todos sepan lo que ha ocurrido realmente en Murcia".

También dijo que no tiene miedo a que censuren el libro, ni tampoco a las amenazas de muerte, "porque uno ya está hecho a todo y aburrido de ver como sólo se castiga a los de siempre".

El libro dedica un capítulo denominado "Nuestros casos", sobre los jóvenes que han muerto en las penitenciarias de España, por supuestas negligencias de los funcionarios de prisiones.