Recordó, en este sentido, que el Estado de derecho implica que “todos, sin excepción, estamos sujetos a la ley”. Los jueces y magistrados deben respetar el imperio de la ley y, al mismo tiempo, están obligados a no injerir en el funcionamiento de los demás poderes del Estado, respetando públicamente las resoluciones de los representantes de dichos poderes. Del mismo modo, estos últimos están siempre obligados a respetar rigurosamente las resoluciones jurisdiccionales, incluidas, obviamente, las de este Tribunal Constitucional.

Según informó el TC, lo defendió así en la inauguración oficial de las XXX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, que este año se celebran en Málaga bajo el título 'Estado de Derecho y división de poderes'.

En su intervención, incidió en que el Estado de derecho, el imperio de la ley y la división de poderes "son más que principios, son los cimientos sobre los cuales construimos nuestra sociedad. La labor del Tribunal Constitucional es esencial en este proceso, asegurando que nuestras instituciones actúen dentro del marco de la legalidad y que cada ciudadano pueda vivir en un entorno de justicia y respeto".

La separación de poderes, señaló, "busca garantizar el equilibrio justo que evite potenciales abusos y favorezca la protección de los derechos y libertades de las personas". Destacó en esa línea el valor de las sentencias del Tribunal Constitucional como reflejo de su compromiso con el Estado de derecho y la división de poderes: “Con ellas, se fortalece el marco constitucional; cada sentencia es, no solo un acto de justicia, sino un mensaje claro de que la Constitución es el pilar que sostiene nuestra democracia”.

Reconoció también la importante labor de los Letrados del Tribunal Constitucional, en particular en relación al trabajo que se ha realizado en los últimos dos años para la resolución prioritaria de los asuntos de mayor trascendencia social o con mayor retraso. Siempre, insistió, el TC actúa con una combinación de celeridad y reflexión.

También ensalzó la colaboración de los letrados en el éxito del plan de acciones, puesto en marcha a principios de 2023, que ha permitido la reducción del tiempo para resolver sobre la admisión de los recursos de amparo. Eso, al tiempo, ha permitido que el Tribunal se centre en la creación de doctrina sobre aspectos novedosos en materia de derechos fundamentales.

En el acto acompañaron al presidente el vicerrector para la Reforma Estatutaria, Relaciones de Empleo y Negociación Colectiva de la Universidad de Málaga, Francisco Adolfo Vila Tierno; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto Ballesteros; el vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza; y el secretario de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Luis Felipe Medina Rey.

Por parte del Tribunal Constitucional, asistieron la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán; las magistradas María Luisa Balaguer, Concepción Espejel y María Luisa Segoviano; el secretario general, Andrés Gutiérrez; y el secretario general adjunto, Juan Carlos Duque, así como la mayoría de los letrados y letradas de la institución.