En una entrevista concedida a Servimedia, Daniels asegura que España es uno de los 156 países del mundo en el que no siempre se respetan los derechoshumanos.

El máximo responsable de AI en todo el mundo es catedrático de Ciencias Sociales en Australia, país en el que nació hace 47 años, está casado y tiene cuatro hijos.

Ross Daniels viajó a España para presidir la reunión que el Comité Ejecutivo Internacional de AI celebró la semana pasada en nuestro país, y mantener un encuentro con el Comité Ejecutivo de la sección española de la organización.

El presidente de AI expresó su preocupación ante las denuncias por casos de tortura y malos tatos que recibe su organización procedente de nuestro país, al tiempo que echó en falta una respuesta adecuada por parte del Gobierno para solucionar estos problemas.

Según Derek Evans, secretario general adjunto de AI, "lo que nos preocupa es el hecho de que la tortura y los malos tratos sigan existiendo, y que con demasiada frecuencia los responsables de esos hechos no comparezcan con la rapidez que sería deseable ante la justicia española".

OBJECION DE CONCIENCIA

Daniels y Evans exigieron lacompleta desaparición de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico español y reivindicaron la aprobación de una ley sobre objeción de conciencia.

Respecto a los presos de ETA, indicaron que pueden ser considerados presos políticos, pero no de conciencia, ya que este concepto "se utiliza para referirse a aquellas personas encarceladas por su identidad o creencias, siempre y cuando no hayan utilizado o abogado por la violencia".

Por ello, Amnistía Internacional, en el caso concreto de los preso condenados por delitos de terrorismo, se limita a pedir un juicio y trato justos.

La organización cree que las autoridades españolas no sólo no deberían limitarse a evitar que se vulneren los derechos humanos en el interior de sus fronteras, sino que deberían proteger estos derechos "en cualquier parte del mundo".

Según Daniels, el Gobierno español debería prestar especial atención a Latinoamérica, y citó en concreto el caso colombiano, país en el que la organización internacional está desarrollndo una intensa campaña para impedir que los militares que han cometido delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos consigan la inmunidad.

El presidente del Comité Ejecutivo de AI explicó que no son asumibles los tratos y pactos que permiten que las personas que violan estos derechos obtengan la inmunidad.

NO AL PACTO HAITIANO

Por ello, AI ha mostrado su oposición a la ratificación en Haití de un posible pacto que impida que los golpistas asuman su responsabilidad en las continas violaciones de los derechos humanos detectados en el país americano.

A juicio de Ross Daniels, en Haití resulta prioritario "reconstruir las instituciones más importantes, pero sobre todo es imprescindible reconstruir lo antes posible la jurisprudencia".

Respecto al papel mediador que ha desempañado Naciones Unidas en países como Ruanda o en la antigua Yugoslavia, señaló que, en muchas ocasiones, "la ONU no ha actuado con suficiente rapidez", y destacó el caso ruandés.

Sin embargo, Daniel descargó de algunas responsabilidades a la ONU, por considerar que el compromiso adquirido por muchos países miembros para conseguir que se respeten los derechos humanos es todavía insuficiente.

"Las Naciones Unidas", dijo, "sólo pueden hacer lo que sus estados miembros le permiten hacer. Lo que parece evidente es que la ONU no cuenta con suficientes recursos para prevenir el incumpliento de las directrices contenidas en la Declaración de Derechos Humanos".