Sin embargo, Gay precisó en Radio Nacional que "si alguno de los miembros o dirigentes de estas instituciones se comportara o tuviera una conducta delictiva, la responsabilidad de estas personas debiera ser perseguida por la administración de justicia".

Sobre la oportunidad de la detención del portavoz de Herri Batasuna, Jon Idígoras, manifestó que "la justicia debe actuar sobre sus propios cauces", al tiempo que defendió la actuación de los jueces a la hora dedecretar el arresto del dirigente 'abertzale', teniendo en cuenta los indicios racionales y prescindiendo de "si la intervención es o no política" en un momento determinado.

En cuanto al conflicto jurídico surgido entre España y Bélgica, debido a la negativa de este país a extraditar a dos presuntos etarras, el presidente del CGA señaló que "es lógica la reacción de todas las fuerzas políticas españolas y del propio Parlamento Europeo, especialmente sensible a este tema".

Según Gay, el conflicto,"aparte de jurídico, es también un tema político y requiere un esfuerzo por todas las partes para resolverlo".

INADMISIBLE ESCUCHA TELEFONICA

Por otro lado, manifesó que bajo ningún concepto es admisible que las conversaciones entre abogados y clientes sean intervenidas. "Los límites del derecho de defensa están en el respeto escrupuloso de la legalidad, tanto por parte del abogado como de los poderes públicos", dijo Gay.

Asimismo, resaltó que los abogados están obligados al secreto profesional cuyo quebrantamiento está penado criminalmente. "El abogado está obligado a mantenerlo, pero la sociedad a protegerlo".

Gay señaló que "sería terrible" que un abogado se convirtiera en cómplice de las actividades de su cliente y explicó que en este caso se le abriría un expediente disciplinario al defensor, que automáticamente perdería su condición de letrado.

El presidente del CGA defendió que "los abogados mantengan la independencia no sólo de los poderes públicos, sino también de sus propio cientes".