Según los responsables de la asociación, estas subidas están llegando hasta los 7.000 euros al año, cifra que en algunos casos supera la de las letras que pagan por la adquisición de nuevos vehículos. En este sentido, García-Pelayo asumió que esta situación supone un verdadero problema para las entidades locales, quienes tienen competencias de regulación de este servicio público y confía en una resolución con los responsables de las agencias de seguros y los ministerios de Economía y Transportes.

La presidenta de la FEMP se comprometió a ponerse en contacto con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, “alertando de estos costes tan elevados”, entendiendo que es el Gobierno quien podría tener capacidad de introducir alguna enmienda en los Presupuestos Generales del Estado en relación con las cantidades que sean precisas.

Asimismo, García-Pelayo se hizo eco no solo de lo que puede suponer este problema en las grandes ciudades, sino también en los taxis rurales y los adaptados a las personas con movilidad reducida, que “están en verdadero riesgo por el incremento de los precios de las pólizas de seguros”.

Otro tanto sucede con las modalidades que ofrece el Consorcio de Compensación de Seguros en relación con el servicio del taxi que, según los profesionales, deberían abrirse a algunas más, puesto que en la actualidad solo se garantizan los daños a terceros.