En una entrevista en 7TV, urgió a acometer esa reforma para que los ayuntamientos "puedan prestar servicios en condiciones”, ya que siempre que se aprueba una ley de carácter nacional o autonómico, o un reglamento nuevo que conlleve prestación de servicios, estos terminan recayendo en las entidades locales.

“El ayuntamiento es el que tiene que hacer el informe, el que tiene que tramitar las ayudas, el que tiene que abonar el 20%... siempre es así”, por lo que “hay que decir basta ya, porque si no hay una reforma de la financiación, de verdad, los ayuntamientos estamos al borde de explota, no ya económicamente, sino de explotar políticamente, es decir, hasta aquí hemos llegado”.

Así se pronunció tras las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la condonación de la deuda autonómica. “Solo ha dicho 'te voy a perdonar la deuda', pero es que de eso no se trata, porque la realidad de cada ayuntamiento es distinta, como también sucede con las comunidades autónomas: unos necesitan liquidez, otros están infrafinanciados o pueden precisar una flexibilización de los calendarios de amortización, etc.”.

“Noto que los ayuntamientos no somos atractivos para el debate político, porque continuamente trasladamos la necesidad de una financiación local y no nos hacen caso”, se lamentó la también alcaldesa de Jerez de la Frontera, que insistió por ello en que lo que necesitan los ayuntamientos es "sensibilidad y luego que se nos escuche, como ya ha hecho el Gobierno con las comunidades autónomas”, por lo que volvió a reclamar la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local. De esta forma, relató que “la situación de los ayuntamientos es tremenda y parece que cuando un alcalde pide más financiación lo hace para gastar más y no es así, es para garantizar los mejores servicios al ciudadano”.

Al ser preguntada por las medidas anunciadas por Montero, resaltó que no se quiere "tirar a la piscina ni a favor ni en contra, porque creo que hay que ser prudente y escuchar en profundidad al Ministerio de Hacienda y conocer la letra pequeña de las medidas, pero para eso nos tienen que reunir y escuchar”. En principio, según García-Pelayo, “todo lo que sea para flexibilizar el calendario de devolución de pagos a Hacienda es una buena noticia, pero los ayuntamientos, endeudados o no, tenemos más problemas”. También incidió en que “estamos con un sistema de financiación local que es del año 1982 y no se ha tocado, con reformas que se acometieron en 2002 y necesita actualizarse al año 2025”.

Asimismo, se refirió a la circular recibida por las entidades locales por parte del Ministerio de Hacienda, en el sentido de que “no vamos a poder utilizar nuestro superávit para hacer inversiones financieramente sostenibles”, con lo que se demuestra que “al final los grandes sufridores somos los ayuntamientos, cuando no somos el problema del Estado, puesto que 8.132 ayuntamientos generamos una deuda de en torno a 23.000 millones de euros, mientras ahorramos, somos la administración más cercana y más eficiente a la hora de prestar servicios públicos, y resulta que somos los grandes castigados por el sistema de financiación”.

En todo este debate, García-Pelayo cree contar con la unanimidad de todos los partidos políticos, como se refleja en los acuerdos de la Junta de Gobierno, en la que están representados alcaldes y presidentes de diputaciones del Partido Popular, Partido Socialista, Sumar, Junts y Esquerra. “Todos los grupos políticos, es decir, todos los ayuntamientos en la Junta de Gobierno de la FEMP, todos, estamos de acuerdo en que hace falta un nuevo modelo de financiación y además hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en la hoja de ruta que debe seguir ese modelo de financiación. ¿Y qué es lo que nos encontramos por respuesta? Pues que no nos escuchan. Cuando lo ponemos muy fácil, y ya hay un consenso municipal sobre el que comenzar a negociar. Lo estamos poniendo facilísimo”, por lo que criticó que “ni nos escuchen ni nos reúnan”.