Muchos son los retos y prioridades drante la Presidencia española de la UE, que estará condicionada por una etapa de desaceleración de la economía mundial y de un menor crecimiento de las principales economías europeas, y por los efectos económicos de los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre.

Para el Gobierno español, estamos ante "una oportunidad histórica" de impulsar el proceso de construcción europea, con la introducción del euro como moneda única para más de 300 millones de europeos; y de hacer de Europa una economía má abierta, dinámica y competitiva, capaz de generar un crecimiento sostenido en un contexto de creación de empleo.

A juicio del Ejecutivo español, los grandes retos económicos de la Presidencia europea pueden resumirse en "crear más Europa", fomentando la estabilidad macroeconómica con el euro, la coordinación de las políticas económicas y el crecimiento económico y del empleo, impulsar medidas contra la financiación del terrorismo y fomentar un mayor papel de Europa en el exterior.

El Consejo Eurpeo de Barcelona del 15 y 16 de marzo será un encuentro clave de los dirigentes europeos durante la Presidencia española. En él se persigue relanzar el Proceso de Lisboa, para intentar hacer de Europa la economía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer de manera sostenible, creando más y mejores empleos y con mayor cohesión social.

En concreto, las prioridades económicas durante la Presidencia española de la UE serán la introducción del euro, la coordinación de las políticas económicas, a integración de los mercados financieros, las medidas financieras contra el terrorismo, el impulso a la creación de empleo, el mercado interior de transportes y energía, la fiscalidad, las relaciones comerciales de la UE, la política turística y el desarrollo de las pymes.

Dentro de las medidas contra la financiación del terrorismo, se abordará la adopción de mecanismos legales en la UE para la congelación de fondos de organizaciones, personas, grupos y entidades terroristas, la mejora de la transparncia en el uso de formas societarias para propósitos ilegales y el impulso del intercambio de información financiera y sobre los movimientos transfronterizos de efectivo.

La modernización del mercado de trabajo para impulsar la creación de empleo será otro de los objetivos en el próximo semestre, y el debate se centrará en las reformas de las prestaciones sociales y la fiscalidad del trabajo, la negociación colectiva e incrementar la movilidad laboral.

El apartado de la política energética de la E tendrá mucha importancia para España, así como las medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre las prioridades energéticas figuran el impulso de un plan de interconexiones energéticas transeuropeas y la liberalización de los mercados de gas y electricidad, junto con la necesidad de que la armonización de la fiscalidad energética avance paralela a la creación del mercado interior de la energía.