En sucesivas comparecencias ante los periodistas para explicar las líneas generales de las enmiendas de su respectivos grupos, tanto Felipe Camisón (PP), como Jerónimo Andreu (IU) se pronunciaron hoy sobre este asunto, más rotundamente en el caso del primero.

Por su parte, el CDS, que presentará esta tarde una enmienda a la totalidad con dictamen alternativo al presentado por el ponente socialista, Jenaro Garca-Arrecido, afirmó que no hará hincapié en este extremo.

Los tres grupos reiteran la "responsabilidad política" del ex ministro de Sanidad, Julián García Valverde, y dejan abierta la posibilidad de que incurriera en responsabilidades penales, por lo que van a pedir que las conclusiones finales de la comisión sean trasladadas al juez de la Audiencia Nacional que tramita el caso y al Ministerio Fiscal.

Felipe Camisón, muy remiso a hablar con los periodistas porque el PP todavía no había concluido eta mañana las 17 enmiendas que presentará al dictamen de García-Arreciado, afirmó que en cualquier caso varias de ellas irán encaminadas a rebajar el "tono exculpatorio" de las conclusiones finales hacia Barrionuevo y el presidente de la Comunidad de Madrid (CAM), Joaquín Leguina.

Preguntado si su partido intentará introducir vía enmiendas parciales un "tono inculpatorio", Camisón afirmó que lo que intentará el PP será un "ajuste real" entre los hechos de los que han tenido conocimiento los integrante de la comisión de investigación y sus consecuencias.

Seguidamente añadió: "De ello se deduce la responsabilidad que tienen (Barrionuevo y Leguina) en la elaboración (del diseño de la operación ferroviaria) o porque conocían los hechos o porque, debiendo conocerlos, no se enteraron. Ambas cosas, en política, tienen consecuencias".

IU: BARRIONUEVO, "CLAVE"

Por su parte, el representante de IU ante la comisión, Jerónimo Andreu, separó las supuestas "responsabilidades políticas" en que pudieron haer incurrido Barrionuevo o Leguina, por acción u omisión.

Respecto a Leguina, comentó que su posible responsabilidad sólo compete tratarla a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y no a la del Congreso de los Diputados, "porque son los diputados autonómicos los que le han votado (para presidente de la CAM)", agregó.

Afirmó, sin embargo, su convencimiento de el ex ministro de Transportes es una persona "clave" en todo el entramado del "caso Renfe" y dijo "lamentar" que no haya tenio una segunda oportunidad de interrogarle a él y al ex consejero de política territorial de la CAM, Eduardo Mangada, ante la comisión (el PSOE vetó una segunda comparecencia de ambos).

Jerónimo Andreu dijo que han quedado en el aire "muy graves" contradicciones sobre el grado de conocimiento de los detalles del proyecto que tuvieron Barrionuevo y Leguina en la polémica reunión que mantuvieron ambos y García Valverde en el Ministerio de Transportes el 6 de febrero de 1991.

El portavoz de IU ante l comisión de investigación presentó hoy (un día antes de que concluya el plazo de presentación de enmiendas parciales al dictámen) 70 enmiendas contra el informe de conclusiones finales elaborado por el ponente socialista.

En ellas se resalta que desde un principio hubo desacuerdo entre la CAM y Renfe sobre la forma de conseguir los terrenos para construir una línea férrea entre San Sebastian de los Reyes y Alcobendas; mientras Renfe defendía, a través de su asesor y "cerebro" de la operación, José Lus Pinedo, la compra del medio millón de metros cuadrados necesarios, la CAM quiso expropiar.

Por ello, tanto Izquierda Unida como el Partido Popular y el CDS quieren modificar la legislación vigente para que no se vuelvan a producir hechos como los denunciados.

IU propone un cambio en la Ley de Expropiación Forzosa, para agilizar todo el proceso y que, llegado el caso, no sea más rentable comprar los terrenos en el marcado (origen de todo este escándalo y del desacuerdo entre la CAM y Renfe).

Además, IU pide la modificación de algunos aspectos de la Ley del Suelo, que se delimite claramente qué es especulación y que se desdoblen las funciones de la Comisión de Transportes y Obras Públicas del Congreso de los Diputados.

En opinión de Andreu, esta comisión de control parlamentario acumula excesivas funciones y su funcionamiento no permite el control periódico de algunas empresas públicas, como Renfe, que gestionan un presupuesto mayor que el de algunos ministerios.

Para ello, propone u desdoblamiento de la misma, creando una nueva "comisión de control de las empresas públicas" que regule y restrinja, llegado el caso, la creación de sociedades instrumentales por parte de las empresas públicas que, como Equidesa, dijo Andreu, gestionaron dinero público sin control para la compra del medio millón de metros cuadrados de terreno.

CDS: "MANIFIESTA RESPONSABILIDAD"

El CDS presentará esta tarde una enmienda a la totalidad con texto alternativo al dictamen de García-Arreciado, que gira sore dos puntos: manifiesta responsabilidad política de García Valverde y sus colaboradores (Pinedo, entre otros) y consideración de que la actuación punible la tienen que delimitar los jueces.

Al igual que IU, el CDS va a proponer una serie de reformas para una legislación del gasto público que considera "insuficiente", un mayor control en las transacciones patrimoniales y más "transparencia" en las operaciones inmobiliarias del sector público.