"Lo más triste de todo es contemplar cómo se quiebra la coherencia de la capacidad de los poderes públicos y de las fuerzas del orden, a las que los españoles hemos cedido la custodia de nuestras libertades y la garantía de nuestra seguridad ciudadana", señaló.

Según Martín Ramírez, "en España somos muy simpáticos, afables, hospitalarios y abrimos los brazos a cualquier, pero si ese cualquiera es judío, musulmán, morisco, negro o gitano, o simplement es andaluz y está en Cataluña o es extremeño y vive en el País Vasco, en el momento en que nos pinchan somos demonios".

En su opinión, el racismo es el principal problema de España, por encima del terrorismo, las drogas y la inseguridad ciudadana, porque "los resortes en los que el ciudadano pone su seguridad (las fuerzas del orden) se convierten en elementos objetos de inseguridad".

Respecto a la pasividad de la Guardia Civil, que no intervinó para impedir que los vecinos del pueblo destrozasenseis casas de familias gitanas, y a la actuación del gobernador civil, apuntó que pueden ser acusados de "negligencia, porque se han convertido en cómplices de un hecho delictivo".

TRAGEDIAS COMO EN LA URSS

"Llevamos desde 1978 advirtiendo a la Administración de que estas situaciones, si no se prevén, van a llevar a tragedias", apuntó. "Pronto vamos a dejar cortos los problemas étnicos de la URSS, Yugoslavia o Rumanía".

Aunque en esta ocasión las familias gitanas tuvieron suerte al escapar por a noche en previsión de represalias por parte de los vecinos del pueblo, recordó que en la localidad de Martos los habitantes prendieron fuego a las casas con sus moradores dentro.

"Todas las alharacas que plantea el ministro del Interior con la Ley de Seguridad Ciudadana, que recorta libertades para reclamar una mayor eficacia de las fuerzas policiales, se han visto en Mancha Real", dijo.

Por último, afirmó que a un cuerpo como la Guardia Civil le consta que "en situaciones como esas tiene, si e preciso, que dejarse la vida para salvar la libertad, los bienes y la hacienda de los ciudadanos atacados".

DERECHOS HUMANOS

Por su parte, Máximo Jiménez, responsable del departamento de Asuntos Raciales y Xenofobia de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH) ha expresado su "más enérgica y rotunda condena por la actitud de la máxima autoridad institucional de Mancha Real", por colocarse "al frente de acciones de pura y primitiva venganza".

La APDH criticó también la "pasividad" de os responsables de las fuerzas de seguridad, por no impedir que los vecinos arrasaran las viviendas de los gitanos.

"No se puede justificar esta pasividad apelando al sofisma de 'mal menor'", según Máximo Jiménez. "El gobernador civil, en uso de las atribuciones de su cargo, podría haber desautorizado las manifestaciones, en lugar de limitarse a desaconsejarlas, precisamente para evitar los males mayores que realmente han sucedido".

A juicio de los dirigentes de la Asociación Pro Derechos Humanos lo ocurrido en Mancha Real es un caso claro de racismo y un atentado a la dignidad y los derechos de los seres humanos.