Esta confederación, que nace en el País Vasco, aglutina a asociados de Castila y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, a los que en breve se unirán Madrid, Galicia, Navarra, Aragón y Murcia.

Actualmente, los prejubilados acceden a la jubilación anticipada a los 60 ó 61 años, en función de si empezaron a cotizar antes de 1967 o después. Con ello, sufren una merma en su pensión que oscila entre el 30% y el 40% en función de los años de cotización.

La CEPP reclama que, si bien se produzca esa merma entre los 61 y los 65 años, cuando estas personas lleguen a la ead de jubilación, siempre que hayan cotizado 35 años, puedan cobrar el 100% de la pensión a la que tendrían derecho.

Los prejubilados denuncian que su salida del mercado de trabajo no fue voluntaria, por lo que no deben ser víctimas de las decisiones de los empresarios.

Además, proponen elevar la base reguladora de la pensión de viudedad al 70%, desde el 52% en el que quedará fijado a partir del 1 de enero, y tener representatividad propia en los temas que afecten al colectivo.

Asimismo, quiren que los coeficientes reductores fijados para quienes se jubilaron después de 2002, cuando entró en vigor la Ley de Jubilación Gradual y Flexible, se apliquen también para quienes lo hicieron con anterioridad, al ser menos lesivos.

Otra de sus propuestas es equiparar todas las pensiones mínimas de viudedad y jubilación al Salario Mínimo Interprofesional (451 euros al mes).

Para lograr todas estas reivindicaciones, la Confederación ha promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Ahora trbaja en recoger las 500.000 firmas necesarias para que la propuesta sea debatida en el Congreso.