Granado basa su denuncia en un respuesta del Gobierno a una pregunta que formuló el senador para saber cuántas jubilaciones por incapacidad se produjeron en Correos en 1997 y 1998, y en cuántos casos las bajas concedidas por ese motivo contaron con el visto bueno de los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI).

De acuerdo con la respuesta del Gobierno, en 1997 Correos concedió 303 jubilaciones por incapacidad física, todas ellas avaladas por los EVI, mintras que en 1998 reconoció 370, pero 203 de ellas en desacuerdo con los equipos de valoración.

Basándose en estos datos, Granado calificó de cínico al Gobierno por utilizar en el sector público las mismas prácticas de prejubilación que pretende suprimir en las empresas privadas, además de solicitar la comparecencia del ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, para que explique la política de jubilaciones en Correos.

El senador asegura que Correos "disfraza de pensiones de invalidez lo que no sn sino prejubilaciones de trabajadores que, en muchos casos, tienen menos de cincuenta años".

Según Granado, Correos aprobó en setiembre del 97 un manual de "Sistema de Gestión de las Ausencias Laborales" que deja a su Subdirección General de Gestión de Personal la última palabra para tramitar una pensión de invalidez, en el caso de que los equipos de evaluación emitan un informe en el que consideren al funcionario capacitado para el trabajo.

Para Granado, "es un abierto contrasentido que, mientrs el Ministerio de Trabajo intenta evitar que la Seguridad Social cargue con el coste de las prejubilaciones, Correos la obligue a cargar con pensiones de invalidez que la propia Seguridad Social nunca hubiera reconocido".