Sardón realizó estas peticiones en una entrevista con Servimedia en el marco del proyecto #TúEresEuropa, que esta agencia realiza con apoyo y financiación del Parlamento Europeo con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que este organismo promueve con el fin de fomentar el diálogo con los ciudadanos y recabar ideas para mejorar el continente desde el ámbito social y civil.

Según explicó, la UE debe en primer lugar procurar que “todos los Estados miembro reconozcan en sus legislaciones este derecho a la asistencia personal” y, a continuación, garantizar que “las leyes están dotadas de recursos para que dicho acceso sea efectivo.

En este sentido, defendió que España “es un país muy avanzado en cuanto a normativa”, pero no tanto en lo que a desarrollo y dotación de fondos se refiere.

La figura del asistente personal, que “resulta clave para que los derechos de las personas con discapacidad a la participación social, la igualdad de oportunidades y la vida independiente se aseguren en la práctica”, ya fue recogida en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia de diciembre 2006, recalcó.

Sin embargo, “15 años después, muchas comunidades autónomas aún no la han desarrollado”, lamentó.

Esto implica que “en la práctica, las personas con discapacidad que la solicitan se encuentran con que no hay entidades (ni asociaciones ni organismos públicos) que puedan prestar este servicio”, explicó Sardón.

En su opinión, ello se debe en parte a la falta de financiación, por lo que instó también a todas las administraciones públicas a solventar estos obstáculos.

BUENAS PRÁCTICAS

Sardón destacó que la Ley de la Dependencia española se inspira en la normativa que en este ámbito existía ya en países europeos como Alemania o Suecia, y se mostró convencido de que la norma española “podrá también servir de espejo a otros estados”.

De ahí el papel armonizador de la UE, que a su juicio “puede y debe fomentar el intercambio de buenas prácticas en áreas como la accesibilidad, la vida independiente y la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad”.

Como ejemplo, puso el proyecto de asistentes turísticos desarrollado por Predif, para que los viajeros con discapacidad puedan contratar en el lugar de destino un asistente profesional que atienda sus necesidades durante su estancia, a fin de abaratar y facilitar el acceso al ocio y al turismo de este colectivo. Iniciativas de este estilo pueden replicarse en todos los países y deben darse a conocer, reclamó.

Del mismo modo, Sardón consideró que Bruselas ha de desempeñar un papel “más proactivo” a la hora de garantizar “la accesibilidad universal en todos los productos, bienes y servicios” que se prestan en su territorio, e incidió en la necesidad de unos medios de transporte accesibles a todas las personas con discapacidad.

En la actualidad, “nuestro colectivo encuentra muchos problemas de movilidad por este motivo”, declaró. Por ello, reclamó “una normativa comunitaria “más exigente”, que haga mayor hincapié en “las sanciones y en la vigilancia”.

Es la manera de garantizar que empresas y administraciones públicas cumplen las normas y apuestan desde el principio por un “diseño para todos, basado en los principios de la accesibilidad universal y que no deje fuera a las personas con discapacidad.

Para Sardón, comprender que estar incluidos en la sociedad y participar en ella de forma igualitaria es un derecho que no se otorga de forma graciosa sino por imperativo moral y legal, resulta una de las “principales aportaciones de la UE” a la discapacidad española.