En nota de prensa, la entidad valoró positivamente estos avances, que incluyen la equiparación de la situación de incapacidad permanente con la discapacidad a efectos laborales, o la consideración como colectivos de atención prioritaria para políticas de empleo de las “personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite y personas con trastornos del espectro autista”.

Estas propuestas son algunas de las que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) realizó a los grupos parlamentarios, que no fueron incluidas en el texto en el Congreso y que sí lo hicieron los partidos en el Senado.

Otra propuesta que finalmente se introdujo en la Ley es la necesidad de que las plantillas de los servicios de empleo cuenten con “la suficiente especialización en el desarrollo de políticas de empleo para dar respuesta a las nuevas realidades y a los diferentes perfiles demandantes de ocupación, incluidas las personas con discapacidad”.

Para tal fin, “se incluirá formación específica en accesibilidad cognitiva para atender las especiales necesidades de las personas con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo” y para cualquier tipo de discapacidad. Asimismo, “los servicios de empleo procurarán, prioritariamente, el acceso de estas personas al empleo ordinario, el mantenimiento del empleo, la mejora de su empleabilidad a lo largo de su ciclo laboral y su desarrollo profesional".

Además, la Ley estipula que las herramientas digitales de formación para demandantes de trabajo deberán ser accesibles.

Por último, establece que “los servicios públicos de empleo diseñarán y pondrán en marcha acciones positivas dirigidas a las personas con discapacidad, y que las medidas más adecuadas del catálogo de instrumentos de empleabilidad, a la vista del perfil de las personas demandantes de servicios de empleo, serán objeto de las adaptaciones necesarias para su plena efectividad”.