A juicio de UGT, ese es un precio aceptable, teniendo en cuenta las actuales condiciones de los créditos hipotecarios y que el máximo que una familia puede destinar a la compra de un piso no debe superar el 30 por ciento de sus ingresos.

Los responsables del sindicato socialista gaditano denuncian los proceso especulativos en el sector inmobiliario y aseguran que, aunque el problema del acceso a la vivienda no es nuevo, puede agudizarse más si se sigue considerando como un objeto de inversión y no como un valor de uso.

Para UGT, la política desarrollada desde 1985 por el Gobierno socialista, basada en una desgravación fiscal "indiscriminada" y en la liberalización de los alquileres, ha convertido a la vivienda en un "objeto privilegiado de inversión". A ello se suma, añade el sindicato, el fuerte descensode la inversión pública en materia de vivienda.

LIBERALIZACION DEL SECTOR

La central socialista responsabiliza a la política del Gobierno de Felipe González de haber producido una liberalización total del sector, que alcanzó su máximo exponente en 1989, ejercicio en el que se contruyeron en España el mayor número de viviendas de los últimos 12 años.

Según UGT, en 1989 se iniciaron en España 278.427 viviendas, de las que el 81 por ciento fueron de libre promoción y se destinaron a compradores derentas elevadas.

En Andalucía y Cádiz, el número de viviendas iniciadas ese año se situó en 47.253 y 5.581, respectivamente. De ellas, el 66 por ciento fueron viviendas libres construídas para satisfacer una demanda con altos ingresos y que ya contaba con vivienda.

Para UGT, la solución al problema de la vivienda en España está en la promoción pública, independientemente de la necesidad modificar la normativa existente sobre vivienda y de que los ayuntamientos asuman una mayor responsabilidad y prticipación en esta materia.

De acuerdo con los datos de UGT-Cádiz, España sólo destina a vivienda el 0,5 por ciento del PIB, entre 3 y 7 veces menos que el resto de los países comunitarios. Asegura que de ese 0,5 por ciento, sólo el 34 por ciento se destina a promoción pública y el 5 por ciento a apoyo a la vivienda en alquiler.