Así lo refleja el simulador de la factura de la electricidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que revela que con respecto al año pasado la factura se reduce un 47% puesto que el recibo ascendió a 72,93 euros en esos días de agosto.

En términos mensuales la luz se mantiene estable con respecto al mes pasado tras la subida de algo más del 10% de junio, que rompió con la tendencia a la baja experimentada desde febrero en línea con la caída del precio del gas, que volvió a subir en junio y se trasladó al coste de generación de la electricidad.

Sin embargo, es previsible que en lo que queda de agosto pueda cambiar la tendencia y registrar un incremento significativo en el conjunto del mes ya que la electricidad encadena unos días de precios por encima de los 100 euros por megavatio hora (MWh) que no se produjeron en los últimos días de julio.

Por otro lado, en comparación con el año anterior, agosto mantiene la tendencia de importantes caídas iniciada en octubre de 2021, mes que acabó con una serie de 19 meses consecutivos de ascensos interanuales que incluso en muchas ocasiones superaron el 60%, lo que explicó gran parte de los fuertes incrementos del IPC el año pasado.

Dicha evolución del precio de la luz se corresponde con la factura de un consumidor medio con una potencia contratada de 4 kW y una demanda anual de 3.240 kilovatios hora (kWh).

En junio de 2021 entró en vigor el nuevo sistema de formación de los peajes y los costes regulados del recibo, con los tres tramos horarios de facturación. Para realizar la simulación del precio, se ha calculado un consumo del 30% en hora punta, del 25% en hora llana y del 45% restante en hora valle.

Estas oscilaciones en el precio de la electricidad se producen básicamente por las variaciones en el coste de producción, que se incrementa cuando hay poca aportación de fuentes de generación renovable como el agua y el viento y mucha de fuentes fósiles más caras, especialmente el gas o el carbón. También se ve afectado por otros factores como el precio de los derechos de emisión de CO2.