Jesús Gutiérrez recordó que los 210 prácticos existentes en España controlan la entrada y salida de puerto de todo el comercio marítimo, que representa el 95 por cien de los intercambios comerciales con el extranjero.

En su opinión, la transformación del colectivo en personal laboral al servicio de la Administración, tal como prevé el anteproyecto de ley de Puertos y Marina Mercante, triplicaría el precio de los serviciosque prestan, y por los que el año pasado recaudaron 2.700 millones de pesetas.

Según Gutiérrez, los prácticos ganan una media de 4,5 millones de pesetas, ya que, del importe recaudado, la sexta parte (450 millones de pesetas) corresponden al Estado y, del resto, en torno a un 60 por cien son gastos de empleados a su cargo y de mantenimiento de las lanchas y los equipos de radio.

El presidente de los prácticos aseguró que estos profesionales son autónomos en toda Europa, con la única excepción de ortugal y Grecia, y señaló que "en el Reino Unido y Alemania, donde fue servicio estatal durante un tiempo, se privatizó finalmente".

AUMENTO DE PRECIOS

Resaltó que su postura no obedece a "intereses económicos prostituidos", sino al convencimiento de que su actual estatus garantiza una mayor eficacia en el servicio, así como su independencia respecto a los intereses económicos de los puertos a la hora de exigir medidas de seguridad de estos últimos.

Gutiérrez indicó que, si los convierten en epleados del Estado, será necesario triplicar los efectivos de personal, lo que repercutirá en parecida medida en las tarifas pagadas por los usuarios de los puertos.

A su juicio, resulta paradójico que, cuando se está hablando de privatizar servicios públicos, "se pretenda en este caso todo lo contrario con un servicio que es privado, eficiente y rentable".