Se trata de una propuesta de los ministerios de Sanidad y Consumo, Justicia, Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio, por el que se modifica el régimen legal de la competencia desleal para incrementar la seguridad de los consumidores.

El objetivo de esta norma es aumentar el nivel de protección de los consumidores y de las empresas y profesionales que compiten legítimamente, así como contribuir al buen funcionamiento del mercado interior.

Con la transposición de la directiva, se podrán perseguir legalmente prácticas comerciales agresivas como el "spam" telefónico, así como el resto de comportamientos comerciales contrarios a la buena fe, la diligencia profesional y aquellos que distorsionen el comportamiento económico de los consumidores.

Se consideran en el texto "conductas desleales", entre otras, la ocultación de información, la transmisión de información de manera poco clara, y las prácticas "agresivas", como comparar la actividad de una empresa con la de un tercero, cuando dicha actividad se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comparables.

El anteproyecto supone la introducción de modificaciones en cuatro leyes generales: defensa de los consumidores y usuarios, competencia desleal, publicidad y ordenación del comercio minorista.