El PP incluyó sendas enmiendas con esas dos propuestas en una proposición no de ley presentada previamente por el mismo grupo en la que solicitaba la modificación legal necesaria para evitar la prescripción de los delitos de terrorismo.

El encargado de defender la iniciativa fue Ignacio Astarloa, para quien la unidad contra ETA "no es una expresión meramente retórica" ni tampoco "un lema para salir del paso en una convocatoria aislada en momentos de especial conmoción y tristeza".

Astarloa sentenció que cuatro años atrás la política de firmeza contra ETA dentro de los límites de la ley pero aprovechando todos sus recursos estaba permitiendo "asfixiar alos pistoleros, llevándoles a la situación de mayor debilidad de su historia".

Advirtió de que la sesión plenaria de esta semana puede ser la última oportunidad de la presente legislatura para enviar a los terroristas "un mensaje inequívoco sobre lo que les espera" y que debe ser "distinto" al que han recibido en la presente legislatura.

Hay que dejar claro, en su opinión, "que con los terroristas no se va a negociar nunca, y que no pueden ser alcaldes, diputados ni concejales ni financiarse con los impuestos de todos".

También que la derrota de ETA pasa por la aplicación "implacable" de la ley para cerrar puertas a cualquier espacio de impunidad. Ese es el objetivo, explicó, de la defensa de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo.

Sólo de esa forma, en opinión del PP, los terroristas sabrán que antes o después les llegará sin excepción el momento de rendir cuentas.

Defendió también la inmediata ilegalización de ANV y del PCTV y la revocación de la resolución aprobada "en mala hora" y en la que se basó el Gobierno para iniciar contactos con ETA una vez declarada la tregua.

Ir a unas elecciones con esa moción vigente, advirtió Astarloa, sería "el peor balance posible de la legislatura, y una quiebra de lo que ha sido sustancial durante treinta años de democracia".

En nombre del PNV, Margarita Uría rechazó la proposición por entender, entre otras cosas, que la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo vulneraría el artículo 25 de la Constitución, que recoge los derechos de los penados y los objetivos de la reinserción.

Josep María Guinart, de CiU, explicó que su grupo no critica tanto el fondo de la iniciativa del PP como "el oportunismo de su planteamiento", ya que una reforma del Código Penal debe abordarse siempre desde una base de consenso y no "a golpe de proposición no de ley".

Georgina Oliva, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), exhortó al PP a "dejar de hacer el ridículo" defendiendo una política antiterrorista que no concuerda con la democracia. El diálogo, dijo, es la única vía para lograr el final del terrorismo.

Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, juzgó "oportunista" la iniciativa del PP, en el sentido biológico del término: "quien vive a costa de otro sin dar nada a cambio".

El PP, añadió, "vive de la utilización partidista de la política antiterrorista sin aportar prácticamente nada", únicamente añade "ruido" a la "furia de ETA" y pretende de los demás no unidad, "sino uniformidad y sumisión".

El socialista Juan Luis Rascón acusó al PP de presentar esta iniciativa con el único objetivo de utilizar la política antiterrorista y tratar de erosionar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.