A pesar de que las acusaciones incluyen incumplimientos legales, la diputada popular afirmó que su partido no formalizará ninguna denuncia ante los tribunales, "porque no queremos judicializar la política".

A cambo de las inversiones del Gobierno regional en el sector público, "los madrileños", dijo la parlamentaria, "han recibido servicios de dudosa utilidad social, cuando no de mala calidad".

En su opinión, el conjunto empresarial público es ineficiente, compite de manera desleal con la iniciativa privada, sustrae recursos fundamentales necesarios para otras inversiones sociales más rentables y evade al control parlamentaria una parte importante del dinero que mueve la CAM.

Además, Alvarez-Arenas declar que "este aglomerado empresarial" ha creado una pesada estructura interna, que sólo en costes de personal absorbió el 43 por ciento de sus ingresos (33.000 millones de pesetas).

La solución que ofrecen los conservadores incluye tres medidas fundamentales: racionalización de todo el sector, privatización de una parte de las empresas y supresión de aquellas que no son rentables socialmente.

En la propuesta se contempla la supresión de Sermasa, Irmasa, Turmadrid, Imatec y Parque Tecnológico, así coo la privatización de Radiotelevisión Madrid, Centro de Transportes de Coslada y Mercado Puerta de Toledo.

"La primera plasmación de esta política traería aparejado un ahorro de 17.250 millones de pesetas que, como recursos mínimos disponibles, podrían colaborar a la solución de algunos de los más importantes problemas de la región", concluyó.