El diputado del partido Popular Alberto Fabra fue el encargado de abrir en el Pleno del Congreso el debate de toma en consideración de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley de la Defensa Nacional, para el envío de ayuda militar al extranjero, que pretende modificar el artículo 17 de la citada norma para “proceder a una mayor participación del Parlamento de estos elementos clave de nuestra acción militar en el exterior”.

La iniciativa plantea establecer un límite de cinco años a la autorización de la Cámara necesaria para que el Gobierno ordene “operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional”, entre otras medidas.

Fabra sostuvo que la política de defensa es una política de Estado “y como tal debe contar con el mayor consenso posible porque la seguridad global y la política de defensa no son estáticas”. “Por eso, ante la opacidad de este Gobierno, es necesaria esta modificación, el Gobierno no debe tener el monopolio en las decisiones en materia de defensa”, remarcó.

CRÍTICA GENERALIZADA

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del BNG Néstor Rego consideró que el PP pecaba de hipocresía por la supuesta contradicción entre la iniciativa “y lo que hicieron cuando estaban en el Gobierno, el partido que metió el Estado español en la guerra de Irak con funestas consecuencias y sobre premisas falsas”.

Rego criticó además al PP porque “todavía no han condenado las acciones terroristas de Israel ni la masacre y genocidio que están perpetrando contra el pueblo palestino, ni los ataques al Líbano y otros Estados soberanos de la región”, los “ataques deliberados a los cuarteles de la Finul en los que están efectivos del Ejército español”.

Y advirtió, como hicieron otros grupos en la sesión, que el PP traía a la Cámara Baja una proposición de ley “que ya está en tramitación en este Congreso como consecuencia de una propuesta suya similar aprobada en el Senado”.

Por parte de Podemos, Javier Sánchez Serna aseveró que el PP impulsa la iniciativa “buscando explotar las contradicciones del bloque de investidura”, y gracias a “la torpeza del Partido Socialista, un Gobierno autodenominado progresista que ha decidido subordinar la política exterior española a la de la administración Biden”.

También porque “ni siquiera ha permitido que se debata nuestra participación en la guerra de Ucrania”, para la que el pasado mes de marzo “el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un gasto extra de mil millones de euros para comprar material de guerra, más del doble de lo que el Gobierno está destinando a la vivienda de alquiler social”.

NORMA ‘MELLIZA’

Mikel Legarda, del PNV, avanzó su rechazo a la iniciativa por ser la misma “presentada en el Senado, tomada en consideración y remitida a esta Cámara para su tramitación” encontrándose en este momento en el plazo de enmiendas. “Consideramos que sería absurdo tomarla en consideración para luego acumular su tramitación con su melliza”, recalcó.

Para Francesc-Marc Álvaro Vidal, de ERC, la actitud del PP “es meramente táctica y oportunista” y añadió que “no tienen autoridad para solicitar nuestro apoyo, aunque coincidimos en la idea general de que el peso principal de estas decisiones debe recaer en el Legislativo”.

Además, esgrimió que “muchos catalanes recordamos cuando en enero de 2018 el ministro Margallo del PP dijo públicamente que el Gobierno español había desplazado sin autorización del Congreso contingentes de combate en la frontera rusa, para evitar que Letonia se atreviera a reconocer la independencia de Cataluña”. “Este episodio, que fue ridículo, se mire como se mire, limita en el sur con Berlanga y en el norte con Gila”, concluyó.

En opinión de Agustín Santos Maraver, de Sumar, es “irregular” que el PP proponga un texto “idéntico” que ya se ha debatido en el Senado y el 24 de septiembre se tomó en consideración y se envió al Congreso para su tramitación.

No obstante, apuntó que sería “mucho más sencillo” introducir una enmienda que diga que cuando el Gobierno obligado por el artículo 17 en la redacción actual de la ley tiene que ir a la Comisión de Defensa para explicar cómo están las misiones “si ha habido circunstancias distintas”, acudirá a una sesión no solamente informativa, sino en la que se producirá una votación “para poder mantener retirar o condicionar esa misión”.

SALIR DEL LÍBANO

Por parte de Vox, Alberto Asarta comenzó comentando la participación de España en Irak, con el regreso de las tropas ordenado por José Luis Rodríguez Zapatero, que “creó un intenso debate en la opinión pública nacional e internacional, con daños a nuestra imagen como nación y pérdida de confianza entre nuestros aliados”.

Además, consideró que, en la misión de Naciones Unidas en el Líbano, la Unifil, “que tuve el honor y el privilegio de mandar” en este momento no se están cumpliendo las responsabilidades que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de la resolución 1701 de 2006 encomienda a dicha operación, “y que no son otras que mantener el cese de hostilidades y apoyar al gobierno del Líbano y a sus fuerzas armadas para que se hagan cargo progresivamente de la seguridad del sur y en general de todo el país”.

Asarta declaró que, ante el intercambio de ataques entre la milicia chií de Hizbulá y las Fuerzas de Defensa de Israel, y habida cuenta de que la misión para la que se desplegaron los casos azules no se cumple, “nuestra participación en la misma es absurda, toda vez que se están asumiendo riesgos innecesarios y por ello tienen que volver a España, porque donde mejor están es en su casa”.

“El Gobierno no debe esperar a que haya soldados españoles muertos o heridos por posibles fuegos cruzados, errores o acciones premeditadas contra ellos. En este caso, los únicos responsables serán el presidente Sánchez y su Gobierno”, concluyó.

Finalmente, el diputado socialista José Antonio Rodríguez Salas dijo que “no se entiende muy bien por qué vuelven a presentar” la iniciativa, y lo calificó de “falta de consideración al procedimiento legislativo, intentando que haya dos proposiciones de ley idénticas, por supuesto en tramitación de forma paralela”.