En concreto, en su proposición de ley los socialistas defienden incorporar un nuevo apartado en el artículo 20 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que “obligue” a informar a las personas consumidoras cuando se produzca una disminución de la cantidad en aquellos productos preenvasados que “mantengan el mismo o similar diseño y dimensiones en su envase”.

“De este modo se evita que la persona consumidora pueda percibir que mantienen su contenido habitual aquellos productos preenvasados cuya cantidad ha disminuido, garantizando de este modo que puedan tomar decisiones óptimas sobre sus intereses”, según el texto.

En su artículo único, proponía añadir un nuevo párrafo a la letra c) del apartado primero del artículo 20 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, según el cual, cuando se ponga a la venta un producto de consumo preenvasado con una “cantidad nominal constante”, deberá informarse “de forma clara y comprensible” a las personas consumidoras “siempre que se reduzca dicha cantidad y esta se traduzca en un aumento del precio por unidad de medida, manteniendo el mismo o similar diseño en su envase”.

“Este deber de información se considerará cumplido cuando se indique de forma legible y visible en el punto de venta final la reducción de la cantidad envasada y el aumento de precio en consecuencia durante un plazo no inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas características”, proseguía el texto.

PRÁCTICA ENGAÑOSA

Durante su intervención para defender la proposición de ley, la diputada socialista Isabel Iniesta denunció esta “práctica engañosa” que, a su juicio, “provoca un encarecimiento real de la cesta de la compra sin conocimiento del consumidor”, al tiempo que “deteriora la reputación de la marca o establecimiento y su confianza”.

Se trata, según su punto de vista, de “una auténtica estafa que menoscaba la confianza de los consumidores y acaba con la imprescindible transparencia que debe regir en las relaciones de consumo” y que “debe ser erradicada”.

Por todo ello, en su propuesta los socialistas exigían “que se informe de forma clara y comprensible a los ciudadanos cuando se reduzca la cantidad de un producto manteniendo el mismo o similar diseño de su envase original e, igual que ya ha hecho algún país europeo, que esto se indique en el punto final de venta durante un período mínimo de 90 días”.

DEBATE

En el debate posterior, ya en turno de fijación de posiciones, por EAJ-PNV Idoia Sagastizabal, quien recordó que la reduflación “no es ilegal” y, si bien juzgó “sorprendente” que “justamente” se urja a este cambio “cuando la inflación se está estabilizando” y no “cuando estábamos en plena etapa inflacionista”, mostró su respaldo a una iniciativa que “llega un poco tarde”, pero, es, “desde luego, bienvenida”.

Por EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo aseguró que su grupo está “de acuerdo” con esta propuesta, aunque advirtió de que esta práctica “se está dando porque las grandes empresas de elaboración y distribución agroalimentaria están desbocadas”.

Tras mostrarse “de acuerdo en que hay que responder a estas prácticas”, llamó a llevar a cabo “una intervención más integral”, aplicando la ley del consumidor, pero también “desarrollando” la ley de la cadena alimentaria, entre otras medidas.

Por su parte, desde Junts, el diputado Josep Maria Cruset criticó que España “es el país de la institucionalización de Rinconete y Cortadillo” y, aunque admitió que “está bien” atajar estas prácticas consideró que el PSOE podría haberlo resuelto por “vías más rápidas y contundentes”, convencido de que “no es suficiente”.

COSAS MÁS IMPORTANTES QUE REGULAR

Desde ERC, Jordi Salvador i Duch aseguró que "está bien combatir la reduflación”, aunque estimó que hay “cosas más importantes a regular” para incrementar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras en materia económica.

Por Sumar, el diputado Fèlix Alonso Cantorné valoró las “muy buenas intenciones” de la iniciativa, pero admitió que “llega un poco tarde” consciente, además, de que “el problema no está exclusivamente en avisar de que te están engañando, sino en que no lo hagan”.

Desde Vox, Jacobo González-Robatto aseveró que la reduflación “es un hecho denunciable y que tiene consecuencias directas sobre el consumidor español”, cuyo poder adquisitivo, deslizó, “ya se encuentra de por sí mermado de media con la UE” a causa de la política de un Gobierno que, dijo, “aplica la reduflación a su gestión de los servicios públicos”.

Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, Silverio Argüelles subió a la tribuna para “dar voz a millones de españoles que ven cómo el esfuerzo de sus salarios se diluye por el alza de los precios, los impuestos y unas políticas que solo benefician a unos pocos”.

“La reduflación es uno de los ejemplos más claros de esta situación”, apostilló, al tiempo que lamentó que esta práctica no es un “fenómeno aislado, sino el resultado de política económica fallida que ha reducido el poder adquisitivo de las familias más de cinco puntos” y que también “refleja la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar la inflación”. “Ya está bien de eslóganes vacíos y de excusas, se necesita una gestión económica más justa y más responsable”, resolvió.