Así, el Pleno del Congreso se reunirá el miércoles 10 de enero a partir de las 9.00 horas en una sesión extraordinaria que se celebrará en el Senado, tal y como indicó la Cámara Baja en una nota. El orden del día incluye el debate de las enmiendas a la totalidad de la proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

El PP optó por presentar una enmienda a la totalidad a la ley de amnistía con texto alternativo para castigar “delitos de deslealtad constitucional”. En concreto, propone “la reforma del Código Penal para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional” castigando a quienes promuevan “la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales”.

Con esta iniciativa, como explicó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, durante su presentación, se busca “el rearme y el fortalecimiento del Estado” y de la “democracia” porque las “progresivas cesiones al independentismo que ha realizado Pedro Sánchez han supuesto el debilitamiento de la capacidad del propio Estado para defenderse de las amenazas”.

DISOLUCIÓN DE PARTIDOS

Asimismo, el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende crear un nuevo capítulo en el Código Penal que contemple “la pena de disolución” para toda persona jurídica o partido político “que convoque o realice actos dirigidos a la convocatoria de un referéndum o cualquier forma de consulta” independentista a margen del marco constitucional.

Tras conocerse esta propuesta de los populares se generó cierta polémica, ya que recuerda a las registradas por Vox en distintas ocasiones para ilegalizar partidos. En concreto, Vox registró esta propuesta en dos ocasiones en el Congreso y el PP se abstuvo en una y en otra votó en contra. También rechazó la iniciativa de los de Abascal registrada en el Senado de ilegalizar ERC y Junts.

Ante esta situación, el PP hizo una convocatoria a medios para desmarcarse de Vox sobre este aspecto alegando que sus propuestas “son distintas”, ya que Vox “se refería a la ley de partidos” y los populares hablan de “tipificar un delito dentro del Código Penal”. Además, recordaron que en España “no se puede perseguir un partido por las ideas que defiende”.

En este sentido, y en palabras del portavoz del PP en el Congreso, “sí se puede perseguir a los partidos o cualquier persona jurídica por los actos ilegales que comete”. A su vez, quiso incidir en que la responsabilidad penal de los partidos políticos, de las personas jurídicas, “figura en nuestro Código Penal desde 2012”. Por tanto, “no hemos inventado absolutamente nada”.

RESPUESTA DE VOX

Desde Vox, su portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, aseguró que a su partido le preocupa “muchísimo” que el PP se “reúna con Junts” y luego decida presentar la citada propuesta “movido por la conveniencia”. “Agradecemos muchísimo que el PP haya venido al sentido común y decida presentar esa iniciativa que ya presentó Vox en 2020 y en 2023”, apuntó.

La pregunta, a su juicio, es “por qué antes no lo apoyaban y ahora sí” y por qué antes no lo apoyaban y después de reunirse con Junts “infructuosamente” ahora sí lo presentan. También quiso saber por qué no apoyaron ilegalizar los partidos separatistas cuando lo presentó Vox si creían que era “algo bueno para España”, por qué “lo presentaba Vox”.

Millán manifestó que Vox está centrado en defender su enmienda a la totalidad a la proposición de ley de amnistía, su texto alternativo que es “una reprobación en su totalidad a la actuación en su conjunto de este Gobierno durante los cinco años que lleva en el poder”, es decir, “no solamente” rechaza la amnistía.

ENMIENDA DE VOX

Concretamente, Vox propone en su enmienda “la tipificación de un nuevo tipo delictivo orientado a castigar a quienes negocien asuntos propios de las Cortes Generales con quienes han sido procesados o sustraídos de la acción de la Justicia por delitos contra la Constitución, el orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y la defensa nacional”.

El partido de Santiago Abascal aboga también con esta enmienda a la totalidad por que estos “delitos sean castigados con penas que van desde los seis meses a los 10 años de prisión, además de una inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a 10 años”.

Al mismo tiempo, propone un endurecimiento penal en los casos de “ultrajes a España y sus símbolos y de los delitos de traición por parte de miembros del Gobierno, la recuperación del tipo penal de sedición y la pérdida de la nacionalidad para los delincuentes cuyo origen no sea español”.

Con esta enmienda a la totalidad, Vox también exige “la prohibición de los referéndums sobre la integridad territorial de la nación". Finalmente, el texto registrado vuelve a proponer la ilegalización de los partidos separatistas que “amenacen la unidad de España y el orden constitucional”.