El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrios, y el portavoz popular en el Parlamento de Vitoria, Leopoldo Barreda, interpusieron la denuncia contra los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y los miembros de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Rufino Echevarria y Olatz Dañobeitia.

El PP considera que los dos socialistas, como dirigentes políticos y miembros del Parlamento vasco, pueden haber cometido un presunto delito de desobediencia cometido por autoridad, previsto en artículo 410 del Código Penal, al mantener una reunión con los representantes de un partido ilegalizado como Batasuna.

Además, les achaca un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar, previsto en el artículo 468 del Código Penal, en relación con la suspensión de actividades que la Audiencia Nacional decretó el 17 de enero de 2006 contra el brazo político de ETA.

Por su parte, los batasunos Arnaldo Otegi, Rufino Echevarria y Olatz Dañobeitia habrían incurrido un posible delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal e, igualmente, de otro delito de quebrantamiento por seguir actuando en nombre de Batasuna.

La denuncia formulada por el Partido Popular afirma que "sostener a estas alturas que el señor Otegi -y quienes acudieron con él concertados como dirigentes de Batasuna- necesita un acto formal que recuerde los efectos jurídicos de su ilegalización supone una verdadera burla al sistema judicial".

"UN ATAQUE FRONTAL AL ESTADO DE DERECHO"

El PP insta al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a actuar de inmediato contra todos los asistentes a la reunión por incumplir la sentencia que declaró ilegal a Batasuna por contribuir a los objetivos terroristas de ETA.

"Estos hechos merecedores del reproche y la reprobación política y moral se traen a los tribunales para su investigación, su tratamiento, y la depuración de las responsabilidades penales que pudieran corresponder, culminando, entonces, con el reproche y la sanción penal", dice el escrito.

El PP afirma que "no se puede permanecer inactivo e impasible ante lo que puede constituir un ataque frontal al Estado de Derecho que esterilice las decisiones del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre la disolución y cese de la actividad de una organización ilegal por ser el brazo político de ETA".

El partido que preside María San Gil recuerda que el Tribunal Supremo ya decretó en marzo de 2003 la ilegalización de Batasuna por contribuir a los fines de la organización terrorista ETA y ordenó el cese inmediato de todas las actividades de esta formación política.

Además, en enero de 2006, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska firmó una prórroga en la suspensión de actividades de Batasuna ante la intención de convocar un congreso en Bilbao para nombrar a sus nuevos dirigentes políticos.

El Partido Popular aduce en la denuncia que aquella suspensión de actividades prohibía a Batasuna la convocatoria de manifestaciones así como "cualquier tipo de actividades propagandísticas, instalación de signos, utilización de espacios, elementos identificativos" de este grupo.

A su juicio, las declaraciones realizadas por los asistentes la reunión entre PSE y Batasuna durante las semanas previas han permitido comprobar que los tres representantes de la izquierda abertzale acudían como miembros de una "comisión negociadora" o "grupo de interlocución en la negociación política" con el Gobierno de España.