El nuevo plan, que para los socialistas es una "ampliación" del anterior y para los populares una "prórroga con modificaciones", contempla las líneas generales de actuación en materia de vivienda, pero deja en manos del Gobierno la asignación de los recursos necesarios para su desarrollo.

Según explicó el portavoz de Vivienda del PP, Luis Ortiz, "queda por resolver la determinación inmediata de los recursos financieros", que,su juicio, debería rondar el billón de pesetas como montante total en disposición de las entidades financieras para conceder préstamos baratos.

Tampoco está claro qué asignación presupuestaria va a dedicar el Gobierno en el cuatrienio, si bien la prórroga presupuestaria para 1996 obliga a gastar unos 113.000 millones de pesetas. También quedan por definir las ayudas fiscales a los compradores y arrendadores de vivienda, según Ortiz.

El portavoz popular pidió que "con carácter inmediato el Ministrio de Obras Públicas comience a negociar con las entidades de crédito para evitar un parón en la construcción", lo cual debería realizarse conjuntamente en conversaciones con las comunidades autónomas para determinar los tipos de convenio a realizar.

Luis Ortiz defendió la "prórroga" del plan de vivienda acordada en Avila, ya que contempla modificaciones sobre el proyecto inicial del MOPTMA, entre las que destaca una mayor flexibilidad en la actuación de las autonomías.

Además, destacó que el nuvo plan es revisable anualmente, por lo que se mostró convencido en poder modificarlo a finales de 1996: "El Partido Popular hará su plan de vivienda cuando sea Gobierno".

El programa del PP en este campo contempla realizar 1,2 millones de actuaciones (necesidades de vivienda actuales) en ocho años, tanto en nuevas viviendas como en rehabilitación, alquiler y suelo.

Asimismo, el PP propone modificar la Ley del Suelo para dar mayor protagonismo a la iniciativa privada, potenciar el alquiler con inentivos fiscales para las empresas constructoras, para conseguir 700.000 nuevas viviendas en este régimen, y su objetivo final es que los gastos por vivienda no sobrepasen el 25% de los ingresos de una familia.