Alicia Sánchez-Camacho, portavoz de Interior de los populares en el Congreso, dijo hoy a Servimedia que con esta demanda "las víctimas están ejerciendo el derecho que la ley les otorga", que es pedir las compensaciones que los tribunales fijaron por el "daño irreparable" causado por las acciones terroristas.

Asimismo, la representante del PP señaló que la reforma aprobada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar implicaba que para que los condenados por terrorismo accedieran al tercer grado debían afrontar las indemnizaciones que los tribunales dijeron que deben ser pagadas a las víctimas.

"Nosotros reclamamos", añadió al respecto, "que se cumpla la legalidad y si no han pagado la indemnización, pues que no se les tengan por qué aplicar en las condiciones que se les aplican los beneficios penitenciarios".

Sánchez-Camacho hizo estas consideraciones después de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Colectivo de Víctimas del País Vasco hayan coincidido en pedir que el Estado reclame a los presos etarras excarcelados las indemnizaciones por responsabilidad civil que tienen pendientes.

Estas compensaciones, que suman cantidades millonarias, nunca han sido abonadas por los miembros de ETA, por lo que la Ley de Solidaridad con las Víctimas de 1999 asumió "con carácter extraordinario" el pago de estas cantidades, pero dejando claro que esto no suponía que el Estado asumiera "responsabilidad subsidiaria alguna".