Según el portaoz del PP en la Comisión de Agricultura del Congreso, Manuel Ramírez, la orden "afecta brutalmente a la rentabilidad de la producción de cultivos herbáceos, imponiéndoles la obligación de dejar en barbecho -sin compensación económica alguna- una gran parte de las tierras en cultivo".

Ramírez denunció que con esta norma el Gobierno pretende impedir la expansión del cultivo de girasol, porque se ha aprobado cuando los cereales de secano ya están plantados, por lo que los agricultores tendrán que dejar e barbecho parte del terreno que habían reservado para el girasol.

Además, discrimina a los agricultores españoles frente a los europeos, que podrán cultivar libremente girasol con las máximas ayudas, y provocará la desaparición de las explotaciones más pequeñas y el "hundimiento económico y social de amplias comarcas agrarias".

Esta medida, según Ramírez, afectará a los agricultores ubicados en ambas Castillas, Aragón, Navarra, Extremadura y el interior de Valencia y Murcia.