Sánchez-Simón, que también fue portavoz de Economía en la pasada legislatura, recordó que en el Senado, el Grupo Popular introdujo una enmienda, que quedó incorporada a la ley, por la que se establecía la prohibición expresa a que las entidades que ofreciesen inversiones en bienes tangibles prestasen servicios financieros o se las confundiese con entidades financieras.

La norma se aprobó en las Cortes Generales en noviembre de 2003 y entró en vigor tres meses después, el 5 de febrero de 2004, con el Parlamento cerrado por la convocatoria de Elecciones Generales y a la espera del Gobierno, resultante de las mismas, que aplicase y desarrollase la norma.

Para el portavoz de Economía del PP, resulta absolutamente denunciable el hecho de que, desde que entró en vigor la citada ley, que coincide con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, no sólo no se ha desarrollado la norma reglamentariamente, sino que además no se han realizado actuaciones encaminadas a hacerla cumplir, como ha quedado, por desgracia, de manifiesto, a la luz de los recientes hechos.

Según Sánchez-Simón, el Gobierno del PP fue quien por primera vez abordó una regulación específica de este tipo de entidades, que cada vez proliferan más. "Sin embargo, otro Gobierno, el del PSOE, ha renunciado a efectuar los controles que ese instrumento legal le hubiera permitido, limitándose a perseguir irregularidades una vez que el perjuicio puede ser irreparable".