Todos los grupos, incluidos el PP y CiU, anunciaron la presentación de enmiendas parciales al proyecto cuando llegue a la comisión correspondiente.

Tras recordar que la reforma cumple con un "mandato expreso" de la Cámara, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, rechazó que el Gobierno pretenda imponer criterio alguno de moral sexual, ni "entorpecer o limitar" la libertad sexual de los jóvenes.

Esta modificación no "limita, entorpece ni criminaliza" las relciones, sino que protege la libertad de los jóvenes, teniendo en cuenta que ésta se adquiere "gradualmente". El objetivo del proyecto, reiteró, es proteger los derechos fundamentales de todo ciudadano, exigido en todo Estado de Derecho y que debe estar "especialmente activo" en la lucha contra todo medio de explotación.

El texto del Gobierno, según explicó, prevé la agravación de penas para los delitos sexuales, la tipificación de la producción, venta o difusión de material pornográfico que afecte a mnores, la reintroducción del delito de corrupcion de menores, la elevación a trece años de la edad en la que se otorga relevancia al consentimiento para mantener relaciones sexuales, y el establecimiento de la mayoría de edad como comienzo del plazo de prescripción.

La diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega defendió un texto alternativo a una reforma "radical" del Código Penal que "rompe y quiebra" la tradición democrática de la legislación sexual y la "retrotrae" a la época de Primo deRivera, imponiendo toda una "moral sexual".

Esto se demuestra, dijo, en la definición de prostitución del texto del Gobierno y en la pretensión de otorgar a la jurisdicción penal la decisión sobre el carácter prematuro o precoz de una relación sexual.

CONSECUENCIAS "DESTRUCTIVAS"

Además, destacó la inseguridad jurídica que provocará la amenaza de prisión "a quien no pida el carnet de identidad" antes de establecer una relación, y la prohibición de relaciones que puedan estar "mutuamente aceptads". Al no atender a la capacidad o madurez del menor, advirtió, sus consecuencias pueden ser "destructivas".

Por parte del Partido Popular, Jorge Trías consideró que el texto alternativo socialista "se queda en la superficie" y aseguró que no hay nada "más lejos" de la intención de Justicia que imponer una moral sexual.

Las enmiendas parciales presentadas por los Grupos parlamentarios, incluido el Popular, una vez que el texto llegue a la Comisión correspondiente serán, a juicio de Trías, el cauc adecuado para dar una respuesta a la problemática de los delitos sexuales contra menores.

La diputada del PNV Margarita Uría argumentó su apoyo a las enmiendas de totalidad al entender que el proyecto "desborda" las recomendaciones de reforma y admitió haber recibido el texto con cierto "espanto" por los elementos "represivos" que introduce.

Manuel José Silva, de CiU, argumentó el rechazo de su grupo a las enmiendas de totalidad por el retraso que su aprobación supondría en el trámite de una refrma que debe ser aprobada cuanto antes. No obstante, tras destacar las "lagunas" del Código Penal en esta materia, rechazó la tipificación de la precocidad sexual.

Por parte de Izquierda Unida, Pablo Castellano tachó el proyecto de "reaccionario" y criticó la utilización de la edad "de modo automático" como criterio para establecer la existencia de libertad o coacción. "El Código Penal no está para hacer castos" ni para "ordenar apetitos", aseveró antes de expresar su apoyo a la enmienda socialista. Coalición Canaria, aseguró Luis Mardones, respaldará al Gobierno siempre que el texto final, tras el trámite de comisión, incorpore las "correcciones" oportunas y criticó la tendencia de responder "a golpe de Código Penal" a cada acotecimiento que provoca alarma social.

Cristina Almeida defendió una enmienda de devolución, en nombre del PDNI y de IC, por entender que el texto del Gobierno no mantiene el mandato de la Cámara, sino que pretende proteger una determinada "moral" volviendo al pasado de na forma "inadmisible" mediante una "enorme represión".