El PP en la Cámara Alta ha decidido solicitar esta ampliación de plazo, hasta el próximo martes, a pesar de que ya ha anunciado que presentará un veto a esta iniciativa del Gobierno, según fuentes populares.

Esta ampliación de plazo retrasa la tramitación del proyecto de ley una semana, aunque no impedirá que se apruebe definitivamente en el Congreso de los Diputados a finales de junio, como pretende el Ejecutivo.

El veto que presentará el PP o el ya interpuesto por el senador de Unió Democrática de Catalunya Jordi Casas tienen muchas posibilidades de salir adelante y rechazar el texto aprobado por el Congreso.

El PP cuenta con 126 senadores, a sólo cuatro de la mayoría absoluta de la Cámara. A ellos se les unirá el voto del parlamentario de Unió, con lo que el rechazo a la ley ya cuenta con 127 votos.

Mientras, el PNV (7 escaños) y Convergencia (5) darán libertad de voto a sus senadores. También serán determinantes el único voto del BNG y el de Partido Aragonés.

El proyecto del Gobierno cuenta, sobre el papel, con el apoyo de 118 senadores (96 del PSOE, 16 de la Entesa Catalana de Progrés, 4 de Coalición Canaria y 2 de IU), aunque deberá hacer frente a alguna discrepancia interna, al menos la ya anunciada por el alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, quien dijo pública