EL PP RESPONSABILIZA AL FISCAL GENERAL DE LAS FILTRACIONES DEL SUMARIO DE GARZÓN Y PRESENTA DENUNCIA
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El Partido Popular presentó hoy ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por las filtraciones del sumario del "caso Correa", que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en la que responsabiliza directamente al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y a sus subordinados.
Pide que se adopten con "toda urgencia" las medidas pertinentes para que cesen de inmediato las filtraciones del sumario y se otorgue al partido el "correspondiente amparo en sus derechos fundamentales".
Los populares consideran que existen "indicios racionales de criminalidad" y que podrían derivarse "responsabilidades penales de quienes hayan conocido por razón de su oficio el informe de la Fiscalía Anticorrupción presentado ante el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que hoy aparece publicado en el diario 'El País', con grave daño de las personas e instituciones afectadas".
En la denuncia, el PP anuncia que iniciará cuantas acciones civiles, criminales y de todo orden le correspondan en "defensa del honor y la dignidad de las personas e instituciones afectadas ante los tribunales e instancias nacionales o europeas que sea necesario".
La denuncia ante la Fiscalía se centra en la edición del diario "El País" de hoy, que abre su portada con el titular: "El presidente valenciano es uno de los aforados que investiga el juez Garzón", y añade: "El fiscal implica a Camps en la trama".
Este titular, al igual que anteriores filtraciones con datos de personas militantes o cercanas al PP a las que se les imputa en la trama, perjudica "gravemente" al partido, según los denunciantes.
El PP acusa directamente al fiscal general del Estado y al personal de su departamento de estas publicaciones. "La publicación de un escrito sumarial de la Fiscalía Anticorrupción actuante, con tan grave trascendencia personal e institucional, es ya, inequívocamente, una responsabilidad directa del fiscal general del Estado y del personal bajo su dependencia jerárquica", señala la denuncia.
Y advierte de que "la ruptura del secreto es un grave delito tipificado en el Código Penal con penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para la autoridad o funcionario responsable de tres a cinco años".
(SERVIMEDIA)
19 Feb 2009
CAA