Según dijo su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa ofrecida en el Congreso, los populares confían en que la Abogacía del Estado impida que se "cuele" en esas elecciones ninguna lista que "no respete el juego de la democracia".

La ilegalización de dicha candidatura se basa en la aplicación de la Ley de Partidos que, según la organización impugnada es "injusta" y promueve la apliación cada vez "más extensa de la definición del concepto de 'entorno terrorista'".