Agramunt, que registró una batería de seis preguntas sobre este asunto, dirigidas al Gobierno, acusó directamente a la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, de haber diseñado, "por puro protagonismo político", una estructura cuyo único efecto práctico conocido es duplicar los gastos burocráticos de la Cooperación y soslayar el papel que deben jugar los funcionarios de carrera.

Agramunt recordó que una reciente orden ministerial emitida por Asuntos Exteriores varió el régimen y el funcionamiento de las denominadas Oficinas Técnicas de Cooperación existentes en las delegaciones diplomáticas.

Hasta ahora, esas oficinas dependían de un diplomático de carrera, el encargado de cooperación. Tras la orden, el máximo responsable de la Oficina ante el Ministerio pasó a ser el Jefe de la Oficina Técnica, sin ninguna dependencia dentro de la embajada, y con una retribución económica que en muchos casos supera a la del "número dos" de la delegación.

Para el senador del PP, los cambios introducidos sacan la cooperación de la carrera diplomática y la ponen al margen de los funcionarios, para situarla bajo el control directo político de la secretaria de Estado y las personas en que ella decida confiar.

Además de las cuestiones políticas, Pedro Agramunt denunció que la medida tiene efectos prácticos muy negativos, "porque al crear una diplomacia paralela se está duplicando el coste burocrático de nuestra presencia exterior, lo que perjudica notablemente a la propia cooperación, que ve cómo se detraen fondos que deberían ir destinados al desarrollo, dado que hay que financiar los gastos que provoca una política errática que respeta poco o nada a los profesionales de carrera".

Por todo ello, el senador valenciano del PP formuló seis preguntas, para su respuesta por escrito, en las que se interesa por cuestiones como el número total de trabajadores destinados en las oficinas de cooperación y su porcentaje respecto al total del personal diplomático.

También solicita información sobre cómo se justifican las cuentas y gastos en el sistema que siguen las oficinas, así como las diferencias de método respecto a la diplomacia general. Los incrementos presupuestarios ocasionados y su computación como cooperación al desarrollo, los cambios retributivos y las disfunciones observadas completan el resto de interrogantes planteados por el PP.