La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la encargada de entregar personalmente el recurso de inconstitucionalidad en la sede del Alto Tribunal, adonde llegó acompañada del coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, y de la portavoz adjunta parlamentaria Fátima Báñez.

Sáenz de Santamaría explicó que el recurso afecta a "17 preceptos" de las cuentas públicas del Estado para 2009, así como a los capítulos económicos del Presupuesto y los anexos vinculados.

Entre los motivos, destacó que los Presupuestos de 2009 son "falsos", se han elaborado mediante un "fraude" y suponen un recorte de derechos sociales para los funcionarios a través del denominado "pensionazo".

Sáenz de Santamaría explicó que los Presupuestos son "fraudulentos" porque durante la tramitación parlamentaria el Gobierno aprobó varios reales decretos que no se han reflejado en el gasto público previsto para este año, como ocurre con el "Plan E" de Zapatero para paliar la crisis económica.

"Es la primera vez que se recurren unos presupuestos en nuestro país por estar basados en estimaciones falsas y desfasadas, por no recoger la totalidad de ingresos y gastos del Estado y por recortar derechos sociales de los Presupuestos en una ley que no está prevista para eso", sentenció.

Además, señaló que el recurso del PP a los Presupuestos está "muy fundado", ya que el principal partido de la oposición ha empleado casi tres meses en recopilar y redactar los argumentos esgrimidos en el escrito presentado ante el Tribunal Constitucional.

LOS ARGUMENTOS DEL PP

El partido de Mariano Rajoy cuestiona en su recurso de inconstitucionalidad los Presupuestos aprobados para este año porque, entre otras cosas, se calculan con un paro de 2,9 millones de personas cuando en la actualidad ya hay casi 3,5 millones de desempleados.

Esto ha provocado, según los populares, que el Gobierno haya destinado sólo en el primer mes del año a pagar las prestaciones de desempleo más de 800 millones de euros de los que tenía previsto.

Además, contempla una previsión de crecimiento económico del 1% cuando el propio Gobierno admitió un mes antes de aprobar las cuentas públicas para 2009 que la economía española registrase una evolución del -1,6%.

El PP sostiene que el desfase de gastos se ha visto incrementado con las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos meses, especialmente con la puesta en marcha del "Plan E" para desarrollar infraestructuras en el ámbito local, el Fondo de Adquisición de Activos Financieros para socorrer a los bancos, las medidas urgentes en materia financiera y las ayudas de liquidez para las pymes.

APARTADOS CUESTIONADOS

El recurso del PP va dirigido especialmente contra los artículos 1, de Ámbito de los Presupuestos Generales del Estado; 2, de los gastos e ingresos; 3, de los beneficios sociales; 4, de la financiación de créditos; 5, de la cuenta de operaciones comerciales; 6, de los presupuestos de determinados entes públicos; y 50, sobre la deuda pública.

La formación que lidera Mariano Rajoy recurre los capítulos económicos y los anexos referentes a todos estos apartados. Asimismo, cuestiona la constitucionalidad de la disposición adicional decimosexta que modifica la Ley de Clases Pasivas del Estado, la disposición adicional 29ª sobre proyectos concertados de investigación, la disposición adicional 37ª de declaración de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas, la disposición 39ª de creación de agencias estatales y la disposición adicional 60ª de infraestructuras penitenciarias.

Además, afecta a la disposición adicional 62ª de armonización de regímenes de funcionarios públicos, la disposición final primera sobre la Ley de Clases Pasivas del Estado, la disposición final octava sobre la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la disposición final 10ª que cambia la Ley General Presupuestaria y la disposición final 11ª sobre la Ley General de Subvenciones.

El Partido Popular aduce que los Presupuestos de 2009 contradicen seriamente los artículos 2, 3, 9.1, 14, 40.1, 66.2, 134.1, 134.2 y 135.2 de la Constitución Española. También podrían vulnerar el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Reglamento del Senado, y el decreto legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.