En concreto, según confirmó el partido de Pablo Casado, se han presentado dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por “vulneración de un derecho fundamental”, uno por parte del Grupo Parlamentario Popular y otro por el propio Alberto Casero, secretario de Organización del PP y diputado cuyo voto decantó la reforma laboral.

La propia portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, corroboró en su perfil oficial de Twitter que se habían presentado dos recursos de amparo ante el Constitucional “por vulneración del artículo 23.1 de la Constitución al impedir, advertido con carácter previo y conforme al Reglamento, que el voto fuera conforme a su voluntad, alterando la voluntad mayoritaria de la Cámara”. “Llegaremos hasta el final”, avisó.

Esta misma mañana, los letrados del Congreso han emitido un informe en el que concluyen que “el voto emitido” telemáticamente por el diputado del PP Alberto Casero, y que permitió la convalidación de la reforma laboral, se materializó “sin que se produjeran ni error técnico ni fallo en el funcionamiento del sistema de votación”.

El voto, dice el informe al que ha tenido acceso Servimedia, “es plenamente válido y como tal ha de considerarse, produciendo todos sus efectos”. Y, además, apunta que Casero "no cursó en ningún momento solicitud de revocación de la autorización de voto telemático".

A este respecto, fuentes populares dijeron a esta agencia que el citado informe de los letrados “no cambia nada porque no se cumplió el Reglamento y se ha confirmado que no se convocó la Mesa”.

En declaraciones a los medios de comunicación desde Valladolid, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, justificó la presentación de estos dos recursos de amparo ante el Constitucional al considerar que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales en la votación de la reforma laboral.

Almeida denuncio la “vulneración flagrante” por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, del Reglamento. “El artículo 82 es claro cuando dice que tiene que haber una comprobación telefónica que no se produjo, pese a que fue el propio diputado el que acudió al Congreso a denunciar el error”, subrayó.

En este sentido, manifestó el “respeto” del PP hacia el informe de los letrados del Congreso, pero recordó que en el caso del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez los letrados de la Cámara también emitieron un informe y el Tribunal Supremo “dejó claro lo que había que hacer”.

Nada más convalidarse en el Congreso la reforma laboral, el PP aseguró que el diputado que decantó la votación votó ‘no’ y se le registró un ‘sí’. Desde el inicio, el Grupo Popular habló de “un error informático” en el voto telemático de Casero, lo cual fue la salvación de la votación de este decreto que salió adelante por un solo voto, 175 a 174, y que habría decaído si el diputado del PP hubiera votado en contra, como el resto de su grupo.

Es más, el líder del PP, Pablo Casado, anunció tras la convalidación del decreto de la reforma laboral que su formación recurriría a la Mesa del Congreso y hasta el Tribunal Constitucional el “fraude democrático” que dijo que suponía “contravenir el sentido de voto de un diputado para imponer la aprobación” de esta normativa laboral.

Además de pedir numerosas reuniones de la Mesa del Congreso, que está previsto que se dé cita el próximo martes de forma habitual, el secretario de Organización y diputado del PP registró un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara en el que se quejaba de que se había “visto vulnerado" su derecho al voto y de que el resultado de la votación no expresaba “la voluntad popular".

"Al efectuar la votación telemática, que era NO, advertí que el certificado emitido por la Cámara no se correspondía con el sentido del voto que manifestaba, es decir, aparecía como que mi voto había sido SÍ", aseguraba Casero en el mencionado escrito, y recordaba que intentó ponerse en contacto con la Cámara antes de que se anunciara el inicio de la votación para advertir a la Presidencia del “error manifiesto” y que el sentido de su voto recogido por el sistema no expresaba su “voluntad" .

Casero explicó que no recibió respuesta de la Mesa, y que por tanto le contó los hechos a su grupo parlamentario, cuya diputada Ana Pastor, vicepresidenta segunda del órgano, se lo comentó a Batet y le solicitó una reunión de la Mesa, "a lo que la presidenta se negó y decidió unilateralmente y de forma arbitraria arrogarse la voluntad de la Mesa en su conjunto, dando inicio de la votación" presencial en el Hemiciclo.

"Ante esta situación, y en tanto se dilucidaba lo expresado en el punto anterior, me dirigí personalmente a la Cámara con la intención de ejercer presencialmente mi derecho al voto, lo cual me fue impedido", según el relato de Casero.