El PP sostiene que la subida de las tarifas en mitad del ejercicio del 92 conculcó el principio constitucional de seguridad jurídica, sin que concurrieron las circunstancias de extraordinaria urgencia precisas para realizar un cambio normativo de esta naturaleza por decreto.

Respecto al traspaso de la ILT, el PP afirma que esa medida es contraria al diseño que la Constitución hace de la Seguridad Social y que supone la imposición a las empresas de un gravaen semejante a un impuesto.

Tras presentar el recurso, el responsable del área jurídica del PP, Federico Trillo, y el portavoz parlamentario para asuntos económicos, Juan Manuel García Margallo, afirmaron en rueda de prensa que, en caso de que el Tribunal Constitucional les dé la razón, pedirán que el Estado devuelva todo lo que haya cobrado de más en el IRPF y todo lo que les haya hecho pagar a las empresas en la ILT.

A su juicio, el Tribunal Constitucional debería decidir antes de junio de 1993 periodo en el que se realizará la declaración de la renta del 92, a fin de evitar devoluciones masivas, siempre en el supuesto de que prosperen las tesis populares.

A este respecto, Trillo criticó la tardanza del Alto Tribunal en resolver recursos presentados por su partido en cuestiones que afectan a la economía y las libertades públicas, como los interpuestos contra la Ley de Seguridad Ciudadana y diversas modificaciones fiscales.

García Margallo afirmó que la subida de la tarifa del IRPF a patir del 1 de agosto pasado es algo que "nadie en el mundo civilizado entiende que se pueda hacer", porque equivale a cambiar las reglas del juego "cinco minutos después de que el equipo contrario haya metido un gol".

PERDIDA DE CONFIANZA

En su opinión, esa medida ha menoscabado, quiza de manera irreversible, la "confianza y credibilidad" de los españoles y los inversores extranjeros en las autoridades económicas, lo que podría estimular la huida de capitales a otros países.

Respecto a la reform del INEM propugnada por el Gobierno, afirmó que es "un rasgo más de que no hay un duro en caja", además de demostrar que la Administración ya no puede cubrir "las obligaciones mínimas de un Estado de Derecho".

García Margallo señaló que, si el Gobierno mantiene su política de endurecimiento fiscal y de negar estímulos a la actividad empresarial, "podemos alcanzar el equilibrio presupuestario, pero con un encefalograma plano".