Así lo indicó en una jornada organizada por Esade para analizar el impacto de la Ley de Vivienda, en la que participó junto con el vicepresidente de Testa Homes (Blackstone), Miguel Oñate; el consejero delegado de Aedas Homes, David Martínez y fue moderado por el consejero delegado de Anticipa y Aliseda, Eduard Mendiluce.

Sin representación por parte del Gobierno, Zurita cargó contra la norma indicando que es “cancerígena” para el sector inmobiliario y para la población en general por ser “intervencionista” y un “panfleto ideológico”, generar “inseguridad jurídica” y por, además, tener un “recorrido muy corto”, en referencia a las comunidades autónomas que podrían presentar recursos de inconstitucionalidad por invasión de competencias.

Para la representante de los populares la norma surge porque la vivienda se convirtió en la “moneda de cambio” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para permanecer en Moncloa, surgiendo un pacto con Podemos en el que se acordó este control de rentas. Zurita quiso dejar claro que esa regulación de los alquileres que plantea la ley “no se va a aplicar jamás” y será una de las cuestiones que “desaparecerán del mapa” en caso de que el PP llegue al Gobierno.

Para el representante de la empresa propiedad de Blackstone, la norma nace de un “triple disenso” entre los partidos de Gobierno, los grupos parlamentarios y dentro del sector. Además, criticó que la norma entrase en vigor “a 48 horas de unas elecciones” porque se convertía en una “medida cortoplacista con una finalidad concreta” y señaló que el texto es “intimidatorio” y “triturador de la oferta”.

Por su parte, el consejero delegado de Aedas Homes, apuntó que “somos un país pobre” y hace falta dinero del extranjero para construir vivienda, por lo que “hay que tener cuidado sobre qué mensajes políticos y de legislación mandamos”. “Si queremos atraer el capital, con el texto de ley, no invitamos a que venga la gente corriendo”, explicó.

ALQUILER ASEQUIBLE

Durante el debate, Ana Zurita indicó que se está pretendiendo hacer “perpetua” la protección del inquilino vulnerable ante los desahucios surgida durante la pandemia, algo que “fomenta la ocupación” y que acaba conviertiéndose en “expropiaciones encubiertas”. La popular abogó por resolver la “emergencia habitacional”, pero criticó que es el Estado y no los propietarios quienes tienen que garantizar la “protección”.

Esta cuestión fue duramente criticada por el vicepresidente de Testa Homes, quien señaló que la tutela efectiva judicial está “suspendida” para el propietario en España y subrayó que “no es verdad” que exista una “desprotección al vulnerable”, que las administraciones públicas “no tomen esto en consideración” y que los grandes tenedores, caso de su empresa, “no tengan miles de procedimientos de mediación, planes de pago y ayudas sociales”.

Para resolver la cuestión de los alquileres asequibles, Zurita abogó por llegar a acuerdos con grandes fondos para elaborar una política de colaboración público-privada y poner a disposición viviendas en alquiler asequible. “Es una medida buena”, dijo Zurita, puntualizando que su adopción es positiva “siempre que se produzca por la voluntad propia de los fondos para poner a disposición las viviendas".

SUELOS

El consejero delegado de Aedas Homes apuntó que, para la generación de oferta de vivienda, “el suelo es clave” y reclamó la necesidad de “flexibilizar los trámites” que permiten convertir suelo urbanizable en urbano, que ahora es un “proceso heroico” por una estructura “tremendamente garantista, compleja y contradictoria”. “Algo que debería tardar pocos meses, tarda muchos años”, se quejó.

Por su parte, Miguel Oñate, en este sentido, criticó la calificación permanente de vivienda protegida que establece la Ley de Vivienda, así como la reserva de suelo para vivienda protegida porque “detraen un 10% de edificabilidad residencial” que impide que haya “más viviendas libres en el mercado”.

Sobre estas propuestas, Zurita dijo que buscarán, en caso de llegar al Gobierno, una “armonización” de las actuaciones en todos los niveles de la administración y sugirió que recuperarán la Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística, que llegó a ser presentada como anteproyecto de ley por el exministro de Fomento, Íñigo de la Sena, días antes de la moción de censura en 2018.

La popular dijo que esta norma “impediría la anulación en cascada de los instrumentos de planeamiento y salvaría planes generales”. Además, dijo que son partidarios de eliminar la denominación actual de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y recuperar el antiguo Ministerio de Fomento.

PREVISIONES

Antes de la mesa, el catedrático emérito de economía aplicada de la UAB, Josep Oliver, avanzó sus proyecciones sobre la vivienda en España para este año y el siguiente. Según el experto, las transacciones caerán un 10,4% este ejercicio y se situarán en torno a las 620.000 viviendas, y repuntarán ligeramente un 1,5% en 2024, hasta las 634.000.

En cuanto a los precios, la estimación del catedrático es que se incrementen un 2,1% en el 2023 y un 3,2% en el 2024. Reconoció que a corto plazo, la situación de la vivienda está “endurecida”.

Además, quiso destacar que el 14% de personas que viven en alquiler de mercado en España supone una de las tasas más bajas de la Unión Europea. Oliver subrayó que el problema del alquiler “es un problema de pobreza” ya que las familias con ingresos menores a 1.000 euros detinan el 55% de su salario a la renta y las que cobran entre 1.000 y 1.500 destinan el 35%.

A todo ello se sumará la presión migratoria que experimentará España en los próximos años, con un saldo migratorio de unas 400.000 personas por el año hasta 2025. Todo ello influirá, además, en el mercado del alquiler, donde los inmigrantes representan un 44% del mercado (frente al 6% de la propiedad) y, entre las rentas más bajas, suponen un 51%.