Tanto Isabel Vilallonga, de IU, como Teófilo Serrano, del PSOE, señalaron que el PP ha tenido que reconocer "palmariamente" que en los datos que tienen no existe ningún indicio de delito y que si los tuviesen y no los enviaran al fiscal estarían icurriendo en otro delito.

Por su parte, Antonio Beteta, del PP, al ser preguntado sobre la veracidad de los dicho por los otros portavoces, fue conciso y tajante, pero no se definió: "Hemos dicho que el Grupo Popular, cuando entienda procedente, remitirá al fiscal los documentos".

En la reunión de la Junta de Portavoces de hoy, los distintos grupos acordaron aprobar la propuesta de IU, consistente en habilitar la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, ya existente en el Parlamento autónomo como comisión de investigación de las supuestas irregularidades en la concesión de contratas.

Además, acordaron pedir al Consejo de Gobierno que les envíe los resultados de la investigación interna que está llevando a cabo.

Otra resolución de los portavoces del PP, PSOE e IU fue solicitar al PP que ponga en conocimiento de los tribunales los datos que posea, referentes a la posible comisión de un delito .

"Cuando hay un delito, se debe poner en conocimiento de los tribunales competentes. Locontrario, nos parece una posible ocultación de un delito gravísimo", afirmó Vilallonga.

Tras elogiar la iniciativa del PP de sacar a la luz pública una supuesta irregularidad, la portavoz de IU señaló que "no es bueno hacer comentarios sobre este, con el fin de manchar a todos, mediante la técnica del calamar".

Por último, Beteta, del PP, indicó que su grupo ha pedido que los trabajos de la comisión de investigación sea públicos, carácter que será decidido en el pleno del próximo jueves.